El reformatorio constitucional – Ignacio Lòpez Brú

En la célebre película de El Padrino (I), hay una larga escena que no se sabe si conmueve más que estremece. Está Don Corleone ya retirado hablando en su jardín con su hijo Michael, el nuevo Padrino, y con toda crudeza le relata lo que hará el jefe de las familias rivales (lo puedes ver aquí):
“Mira, Barcini irá contra ti primero. Te invitará a una reunión con alguien de tu absoluta confianza, garantizando tu seguridad… Y en ese encuentro serás asesinado.”

Después hablan de cosas, de la familia, de proyectos truncados, con nostalgia, y cuando ya se despide de su hijo Don Corleone se vuelve hacia Michael y le dice estas reveladoras palabras:
“¡Ah, oye!, quien te hable de tener esa entrevista con Barcini, ese es el traidor, no lo olvides”.

Nada describe mejor que esta escena al debate –por otro lado inexistente- de la reforma constitucional. El lector ya habrá adivinado que estoy sugiriendo que aquel que nos hable de reformar la Constitución, ese es el traidor. Y en efecto, eso es lo que quiero decir, para lo cual, sin más preámbulos, me pongo en faena.
No voy a extenderme mucho en cómo se ha llegado a la actual situación, algo que ya he expliqué y, de alguna manera –perdóneseme la inmodestia- vaticiné, en La senda de la secesión y en Felipe VI y el Tiempo Nuevo. Sólo, y a modo de resumen, quiero exponer mi tesis de que el objetivo de los atentados del 11-M fue el de evitar que una nueva victoria de un PP apadrinado por Aznar pudiera invertir el proceso de deconstrucción y debilitamiento de la nación española, un proceso en el que estaban embarcados los principales poderes económicos, mediáticos y políticos del “país”, cuyos hitos fundamentales fueron el Pacto del Tinell y la negociación política del PSOE con ETA, negociación secreta que iniciaban a finales del año 2000, mientras firmaban con el PP, indudablemente para despistarles, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, la puñalada trapera más innoble que jamás se haya dado a un Gobierno y a la nación.
Este proceso destructor es el que bautizó Iñaki Gabilondo el mismo día 11 de Marzo -en lenguaje orwelliano y en clave de secta- como el Tiempo Nuevo (vid. aquí), reproducido después por todas las terminales del Régimen, incluido el Nuevo rey.
El secesionismo catalán -que ha tomado de ETA el relevo del terror, como diría Von Clausewitz, “por otros medios”- y la reforma de la Constitución son parte del mismo proceso, son las dos caras de la moneda que se retroalimentan para llevar a España a su disolución final. Cuanto más se tensa la cuerda de la secesión, más necesaria se nos vende la reforma, como si fuera un bálsamo de Fierabrás cuando no es sino la excusa para sentenciar de una vez por todas el fin de la soberanía nacional del Pueblo Español.
Lo que pretenden los “reformistas”, aunque han tratado de ocultarlo para no ser descubiertos con antelación, está escrito en el libro que ya glosé del socialista Ramón Jáuregui, El País que seremos (Ed. Turpial, Madrid 2004), al que tendría que haber añadido la coletilla: “Y si no lo es ateneros a las consecuencias”.
Jáuregui, y cuando digo Jáuregui, hablo del Régimen, que es lo mismo, empieza por marcar las líneas rojas de las que no se puede pasar, perdón, retroceder: “Seamos claros, la España autonómica no tiene marcha atrás. Es un modelo de organización territorial que admite reformas y una evolución federal, pero no revisar los fundamentos de su organización y el reparto de poder básico” (ibíd. pág. 183). No se puede decir con más crudeza. Esta “organización” del Estado es la que nos ha traído la crisis económica, política y moral que padecemos, pero eso es es precisamente lo que los españoles no están autorizados a cambiar porque supondría acabar con el garito de los que se “reparten” ese poder básico. Y los reformadores no están para que les reformen sino para reformarnos, si no disciplinarnos.
A partir de ahí, Jáuregui desarrolla los puntos fundamentales de la reforma “federal” auspiciada en la sombre por el PSOE, que se condensan, básicamente, en la Reforma del Senado, que de ser un órgano cosmético pasaría a convertirse en el eje central del Sistema. Estos son los puntos en cuestión (vid. pág. 191):
Incorporar «el mapa autonómico a la Constitución», lo cual constituye el primer paso del blindaje de las Autonomías.

Definir «las competencias exclusivas del Estado», entendiendo por tal al Central. Se deduciría de este enunciado del carácter primordial y prevalente de la Administración Central, pero, muy al contrario, para llegar a saber cuáles son estas competencias, Jáuregui nos propone averiguarlas teniendo «primero en cuenta las competencias adquiridas por las autonomías tras aprobar sus Estatutos de segunda generación (2006-2011)». Es decir, que por deducción llegamos a un Estado Central residual: segundo peldaño del blindaje de las autonomías.

Convertir al «Senado en verdadera Cámara territorial, siguiendo el modelo del Bundesrat alemán, en el que están representados por sus Gobiernos, proporcionalmente a su población, los “Lander”» (ibid. pág. 193). Aquí «los senadores serian consejeros autonómicos y la voz allí representada sería unívoca para las comunidades autónomas» (idem). Es decir, que el Senado representaría directamente a las castas autonómicas, hurtándose su elección al voto individual de los ciudadanos. Tercer peldaño del blindaje de las Autonomías que sustituirían al Pueblo Español como sujeto de la soberanía nacional.

Y por último, el cierre definitivo al candado reformatorio: «Las normativas que afecten al diseño federal del Estado, así como a los ámbitos de interés propios de las CCAA, necesitarían la aprobación inexcusable del Senado». Es decir, que como todo está prácticamente transferido, las consejeros autonómicos tendrían derecho de veto a cualquier propuesta de revertir el proceso de deconstrucción nacional que viniera del Congreso elegido por los españoles, dándole al Congreso, al igual que a la Administración Central, un carácter meramente residual. Último y definitivo blindaje de las Autonomías y de sus representantes, que se convierten en verdaderos señores pashtunes para meter a las cabrillas ibéricas en un auténtico Reformatorio Constitucional (feliz hallazgo de nuestro contertulio Ralf que da título a este artículo).

Esta es la propuesta de un Partido Socialista juramentado con todo tipo de nacionalismo, cruento o incruento, para acabar de una vez por todas con la nación española. Propuesta que no está reñida, todo lo contrario, con la secesión de facto de Cataluña: «Ahora se trata de una Constitución [se refiere a la española que hay que reformar] pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos, desde la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos. El “derecho a decidir” cobra así otro sentido, con otro fundamento. Los catalanes votarán a sus representantes en las Cortes, quienes negociarían el encaje del “hecho diferencial” catalán en la Constitución reformada. La votarían después en un referéndum, junto a todos los españoles. Y, por último, decidirán, ellos solos, el marco jurídico-político catalán, su propia Constitución en un Estado federal» (ibíd. pág. 188). El federalismo asimétrico, tan caro al PSOE, que consiste en que Cataluña se independice pero con mando en plaza, colonizando a un residual y fallido Estado español.
Todo esto es muy posible que ocurra, como resultado final de una minuciosa ingeniería social que ha perseguido –y casi logrado- la depuración de cualquier síntoma o vestigio político que defienda la unidad de la nación española. La primera y principal abducción fue la del PP como he descrito en La senda de la secesión. Cuando los españoles le dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy para enderezar el rumbo de la nación española no sabían –y parece que siguen sin saberlo- que el gallego ya había pactado con los rectores del Régimen del 11-M continuar en lo esencial “la hoja de ruta” de desnacionalización de España marcada por Zapatero y Rubalcaba con la ETA y demás nacionalismos. Si no hubiera transigido no le habrían dejado llegar a la Moncloa.
El papel que tenía designado Rajoy en esta función fue doble: por una lado mantenerse en la más pura inacción política para no entorpecer el proceso, algo que dejó bien claro al comienzo de su mandato cuando dijo aquello de que el Estado Autonómico “ni se plantea ni se discute”; y por otro, continuar la labor de depuración de su partido de cualquier residuo aznarista iniciada ya en el Congreso de Valencia de 2008.
Con ello, Rajoy –viva y mejorada reencarnación del conde Don Julián- no sólo tiraba por la borda la mejor ocasión, y quizás la última, que hayamos tenido para embridar el desbocamiento nacional por el sumidero autonómico y secesionista. Al mismo tiempo, por la desafección inducida en su electorado debido al incumplimiento masivo de su programa electoral, planteaba las bases para llevar a efecto la parte más maquiavélica del proceso, la irrupción de un nuevo partido que succionara gran parte del electorado del PP y que se convirtiera en la llave de la futura gobernabilidad del país. Estamos hablando, claro está, de Ciudadanos.
Esta operación, eminentemente financiera y catalana, ya se puso en marcha hace casi 30 años con la Operación Roca, el Partido Reformista que sobre los escombros de la UCD pretendía aglutinar a diferentes partidos regionalistas y liberales en una opción de centro teledirigida desde Cataluña, destinada a impedir que un partido nacional de centro-derecha pudiera alcanzar una mayoría absoluta en el Parlamento español. En ese momento, sus fracaso fue espectacular, porque nadie se creyó a ese Partido, que no se sabía lo que quería y que tenía como cabeza a un preboste catalanista. Pero los urdidores del engendro aprendieron la lección y esperaron a mejor ocasión. Esta se la puso en bandeja Mariano Rajoy desde el comienzo de su mandato, con su inanidad política y su apoyo vergonzoso a CiU en el Parlamento catalán.
Ese fue el momento del lanzamiento definitivo de Ciudadanos, que se dedicó a echar el anzuelo lanzando proclamas españolistas en Cataluña para ocupar el espacio que le brindaba, principalmente, el PP. Pero le faltaba dar el Gran Salto a la política nacional, y allí se encontraba con un obstáculo difícil, pero perfectamente salvable, la UPyD de Rosa Díez, un partido que sí defendía sin ambages la unidad de España y que siempre se mantuvo al lado de las Víctimas del Terrorismo. La fagocitación de UPyD por Ciudadanos estaba sentenciada por los controladores del proceso, y daba igual que Rosa Díez hubiera aceptado la unión o no. En cualquier caso la habrían dado una patada, porque su partido no era fiable desde el punto de vista del proceso desnacionalizador de España.
Todo ello ocurrió a finales de 2014, cuando Ciudadanos sólo alcanzaba una estimación de voto del 3-4% a nivel nacional. Con Rosa Diez desarbolada, en cuestión de días se desató una campaña mediática de lanzamiento de Albert Rivera, con una encuesta fantasma del El País que le daba el 16%, y la irrupción del líder naranja en todas las cadenas de TV públicas y privadas presentándolo como el adalid de la juventud y la modernidad. Por fin, la dilatada Operación Catalana de controlar la política nacional había podido fraguar cambiando la “R” de Roca por la de Rivera. ¿No es llamativo que CiU, que debería denostar todos los días a los de C´s como traidores a la Patria, no haya dicho nunca esta boca es mía, salvando una liviana metedura de pata de una convergente que les dijo que no eran catalanes? Para CiU -como para todos los nacionalistas y el PSOE- el enemigo no es Albert Rivera, ni siquiera Rajoy, sino el PP de Aznar, al que hay que impedir por todos los medios que se le ocurra resucitar para influir en el futuro de su partido.
Pero vayamos con Rivera. ¿Cuáles son esas Reformas que nos ha propuesto que pretenden convertirnos en unos hombres Nuevos (puedes leerlas aquí)? Pues ni más ni menos que las que ya nos había anunciado Ramón Jáuregui para ser “ese país que seremos”, lo queramos o no:
«Enumerar las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas para fijar el mapa autonómico de manera definitiva».

«Elaborar un listado de competencias exclusivas del Estado del artículo 149 de la Constitución y diferenciar entre las que asume íntegramente –funciones legislativas y ejecutivas– y las que sólo lo asume en la parte legislativa». Después enmaraña el asunto, y nos habla de unas competencias compartidas en las que habría una «prevalencia de la legislación del Estado». Pero no hay que llamarse a engaño. Rivera no puede expresarse con la crudeza de Jáuregui porque ahuyentaría prematuramente a sus abducidos votantes. Aquí lo importante es que no nombra qué competencias son esas del Estado, y, sobre todo, que no habla para nada –como podría esperarse de un defensor de la unidad de España- de que el Estado recupere competencias que nunca debería haber transferido, como la Educación, Sanidad, Justicia o Seguridad; mucho menos la posibilidad de limitar o eliminar la capacidad legislativa de las autonomías. Por todo ello, tenemos que pensar que está con Jáuregui, y que acepta todo el nivel competencial adquirido por las Autonomías, con lo cual, con la apariencia de reforzar al Estado nombrando sus competencias lo que estaría haciendo es blindar a las “Autonomías de segunda generación (2006-2011)”, como las llama, algo repelente, Jáuregui.

En cuanto a la Reforma del Senado, Rivera se marca un tanto proponiendo ni más ni menos que su supresión. Pero esto es sólo apariencia, propaganda. En realidad, propone lo mismo que Jáuregui, pero de una manera más grosera, a la brava. Sustituye la Cámara territorial, que tendría como senadores a consejeros autonómicos, por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas, «cuyos miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de cada comunidad», con capacidad legislativa. Unos legisladores que no han sido elegidos para tal fin y que, por tanto, no representan ni siquiera al voto de cada comunidad, sino a sí mismos.

La única diferencia con Jáuregui, que propugnaba el derecho de veto del Senado, es que aquí se mantiene al Consejo como un órgano de segunda lectura, prevaleciendo en caso de discrepancia el criterio del Congreso. Pero nos preguntamos. ¿No es esto mera táctica? ¿No podemos pensar, dada la similitud de proyectos, que el de Jáuregui es la guía que quieren colarnos? ¿No será necesario negociar estas propuestas con los demás grupos, entre otros con el PSOE, que ya vemos por donde tira? ¿No se apelaría, como siempre, a la necesidad de evitar la ruptura de los secesionistas para dar mucho más poder a ese Consejo de Presidentes, incluido el derecho de veto para asuntos de su competencia que, como ya hemos visto, son casi todos? ¿Y por este mismo motivo, no tendrán preparado sacar en el momento oportuno, para evitar la secesión, la autodeterminación de facto de Cataluña por la fórmula de Jáuregui de que «ellos solos, en el marco jurídico-político catalán, decidan su propia Constitución en un Estado federal»?
Dejamos aquí planteadas estas preguntas. Lo que en cualquier caso queda claro es que las propuestas de Ciudadanos van inequívocamente en el sentido, como el PSOE, de la federalización asimétrica de España, antesala de su disolución. Y no tenemos más remedio que preguntarnos: ¿Quién les escribe el guion?
En el caso de Ciudadanos no es difícil imaginárselo. Aquí, como en todo, hay que seguir la pista del dinero. Si al Partido Reformista de Roca la gran Banca, representada por el numerario del Opus Dei Rafael Termes, le dio 4.000 millones de pts. (por 1.600 del PSOE y 1.200 a Fraga) que fueron condonados íntegramente después de su fracaso, qué no estará recibiendo Albert Rivera para mantener este ritmo de actos, manifestaciones, entrevistas, conferencias y asalto al poder… En su caso, como excedente de la Caixa, pocas dudas tenemos que su gran valedor es Isidro Fainé, miembro del Opus Dei, del que Casimiro García Abadillo decía lo siguiente (ver aquí): «Si dejamos al margen el negocio en el mercado exterior, el conglomerado que preside Isidro Fainé es el primero de España. Y, como me reconocía la pasada semana un gran banquero, “políticamente, sin duda, también es la entidad más poderosa de España”».
A Fainé, parece ser que después de este artículo se le pidió, o exigió, que aclarara su postura sobre el proceso secesionista, lo cual hizo a regañadientes en un fantasmal comunicado de la Gran Banca, cuyo final, de lo más revelador, todos los medios se lo atribuyen a Fainé: «AEB y CECA hacen un llamamiento a los líderes políticos para que, por medio del diálogo, impulsen las reformas que permitan seguir progresando en la consecución de mayores niveles de bienestar y cohesión social para todos». ¿Cómo es esto de que los banqueros les llamen al orden a los representantes del pueblo para que hagan reformas? ¿A qué reformas se refieren? ¿Pero asintieron todos los banqueros? Es sintomático que no se hicieran la foto gremial que siempre vemos después de una declaración institucional de la AEB, muy probablemente porque la mayoría de ellos, con la salvedad de Oliú, no querrían aparecer al lado del que gestó esa coletilla final (“a mí que me registren…”).
Nos encontramos, pues, con una partitura preestablecida hacia la federalización asimétrica que abarca a todo el abanico institucional y a los grupos de poder económico que lo alientan desde la sombra. Recordemos cómo Felipe VI abrazó el Tiempo Nuevo en su primer discurso a la nación. Recordemos cómo previamente, para facilitar esa “Nueva Era”, se le dio un autentico Golpe de Abdicación a su padre, que como no tenía la más mínima intención de abdicar tuvo que aparecer en TV el presidente del Gobierno anunciándola, a ver si al Jefe del Estado que trajo la democracia se le ocurría llevarle la contraria en público. Recordemos cómo antes de la Abdicación se preparó el “camino” mancillando la figura real con la filtración –muy probablemente desde los servicios secretos “encargados de protegerle”- de las fotografías del accidentado safari con Corinna, o con las escandalosas revelaciones del libro de Pilar Urbano sobre el 23-F, haciendo escarnio del rey sobre el cuerpo aún presente de Adolfo Suárez (“¿Me estás amenazando, so cab…?”, nos relata con urbanidad la fina periodista). Y recordemos, por no enumerar más casos, cómo esta hagiógrafa de la Casa Real –¡menos mal que no ha sido detractora!-, miembro destacado del Opus Dei, al que rinde sin duda estricto acatamiento, interpretaba a bote pronto en El gato al agua el primer discurso de Felipe VI, apostrofando como “extremistas” (“cosas veredes…”) a los que defienden la unidad de España, mientras reivindicaba un Felipe VI «empedrando o asfaltando el camino (sic) hacia una monarquía federal asimétrica, o simétrica, como se quiera…», atribuyéndole, incluso, sentencias que no pronunció, como la reforma constitucional (su intervención, de lo más verista, se podía ver aquí, pero la han eliminado. ¿Será quizás por mi artículo? No creo tener tanta influencia…).
Este es el escenario terminal en que se encuentra la nación española, en el que como un rittornello siempre nos “topamos” con el Opus Dei, una organización que al igual que otra que navega por las oscuras sirtes del poder con soltura, se jacta de no ser secreta, sino discreta… ¡Qué no le diría hoy Don Quijote a Sancho…!
Sólo nos cabe esperar acontecimientos. Parece que los secesionistas están dando algo marcha atrás. Pero esto es parte del guion, para dar entrada por la vía triunfal al Reformatorio Constitucional. Lo que no sabemos, como se preguntaba Luis del Pino en un reciente artículo (ver aquí), es si pretenden hacerlo guardando las máximas garantías constitucionales, con la aprobación de los 2/3 de las dos Cámaras, su disolución, aprobación por los 2/3 de las nuevas Cámaras y Referéndum (art. 168), o por las bravas, con los 3/5 de las cámaras y sin referéndum (art. 167). Las precedentes no son nada halagüeños. No hay más que consultar El Confidencial Digital, un periódico dirigido por el miembro del Opus Dei José Apezarena, especializado en anunciar acontecimientos ante de que ocurran, como hizo en el 11-M con la mochila de Vallecas, de la que dio noticia cinco horas antes de que la descubrieran (vid. La Fonoteca de la COPE). Hace algo más de un año, el CD nos anunciaba (puedes verlo aquí) que Rajoy estaba dispuesto a hacer una reforma de la constitución para “encajar” a Cataluña, todo ello por la vía express del 167, como ya se hizo en 2011 con el cambio del art. 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria de las AAPP a partir de 2018. Y también que estaba dispuesto a reconocer a Cataluña como nación (vid. aquí).
Ninguno de estos augurios se ha cumplido hasta ahora. Quizás Rajoy estuviera para la labor, pero también es muy probable que se produjera una rebelión en su partido que lo impidiera. La sombra de Aznar, por mucho que traten de impedirlo, siempre estará pegada al cuerpo popular. Es por eso que la labor de ingeniería social para crear un partido meramente succionador, como C´s, pueda ser la obra maestra de este Régimen genuinamente antiespañol. Con Ciudadanos, ahora el PSOE de Pedro Sánchez –esperemos que Susana se rebele- y la comparsa del Tinell pueden superar ampliamente esos 3/5 para intentar meternos en un Reformatorio por la ley del embudo del que ya será muy difícil retornar.
Conviene tenerlo en cuenta cuando vayamos a depositar nuestro voto en las urnas.

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