La cratolatría de los normalizadores – Joan Font Rosellò

  • JOAN FONT ROSSELLÓ

28/11/201511:50

La semana pasada el filólogo de la UIB, Joan Melià, presentaba en Can Alcover el Informe sobre l’estat de la llengua catalana 2014, un estudio anual financiado por el Institut d’Estudis Catalans. Como sabemos, este tipo de informes dan por sentado que «el contexto sociopolítico es fundamental para evaluar el uso del catalán en cada área administrativa». El «contexto sociopolítico» no significa otra cosa que el poder político, convencido como está el catalanismo de que la normalización del catalán depende, única y exclusivamente, de las políticas lingüísticas que impulsen los distintos gobiernos baleares, valencianos y catalanes. Esta fe absoluta en la Administración como responsable última para salvar un idioma es una idea central que recorre toda la sociolingüística catalana. Se trata de una idea implícita tan asentada, tan íntimamente asumida por parte de los sociolingüistas como Melià, que ninguno de ellos se plantea cuestionarla. El progreso y el retroceso en los usos sociales de la «lengua minorizada» dependerían en última instancia del gobierno de turno, de sus políticas lingüísticas, de la promoción pública de esta lengua. Del mismo modo que critican a Bauzá por «ir contra el catalán», alaban a Armengol por «ir a favor».

Como ha señalado el profesor de la Universidad de Valencia, Guillem Calaforra, esta mentalidad estatista, dirigista, intervencionista y de fe absoluta en la Administración forma parte «del sentido común implícito y no cuestionado, inmune a la crítica por cuanto polariza las posiciones» de los sociolingüistas catalanes. Calaforra afirma que esta mentalidad ha sido reforzada por la simbiosis e interdependencia -asentada en un acuerdo tácito entre ambos- entre los planificadores lingüísticos (políticos como Esperança Camps, Damià Pons o Martí March) y los sociolingüistas comprometidos con la causa, como Melià o Gabriel Bibiloni. Así pues, la mayor parte de la investigación de la sociolingüística catalanófona partiría de unas premisas innegables como serían la fascinación por el poder, la interpretación cíclica de la historia o el origen coactivo (sólo desde el poder puede cambiarse algo) de los cambios sociolinguísticos. Esta cratolatria (palabreja que significaría algo parecido a «fascinación o divinización del poder») se basaría en cuatro principios que Calaforra desnuda así: 1.- El uso de las lenguas minorizadas sólo avanza o retrocede en función de las decisiones políticas y la estructura legal existente; 2.- En consecuencia, la estructura política y jurídica determina el repertorio y la configuración funcional de las comunidades lingüísticas; 3.- En consecuencia, la ambición unidireccional de los planificadores lingüísticos o normalizadores se centra en el acceso a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); y finalmente 4.- La responsabilidad de las diversas situaciones sociolingüísticas recae en los titulares del poder social en cada momento concreto.

Calaforra pone el dedo en la llaga cuando afirma que la sociedad sería para los Melià, Bibiloni, Pons, Camps o March como un ente «natural» que se mueve ciegamente en la dirección que le marca el poder. «Si persiste y agudiza la minorización [del catalán] es porque no hay voluntad política. Si por el contrario, se alcanza a frenar espontáneamente el ritmo de la sustitución lingüística sin intervención efectiva del poder, éste se apropiará de la responsabilidad y presentará los resultados como un éxito de la política lingüística institucional. Los dos casos tienen en común, no obstante, que la atención se centra en las actuaciones del poder como origen último del comportamiento lingüístico», puntualiza el profesor valenciano. El efecto lógico de este modo de ver las cosas es la conquista y la colonización del poder a las que se dedican en cuerpo y alma las falanges catalanistas, unas élites extractivas siempre en movimiento sin otro objeto que apropiarse de los recursos y los resortes de la Administración. Sin el poder -subvenciones, plazas de funcionario, leyes, universidad- no son nada.

Una idea falsa. Esta fascinación por el poder como único responsable de la suerte última de una lengua es una idea cuando menos cuestionable que poco tiene que ver con la realidad puesto que deja de lado un elemento básico de la sociedad: la libertad de elección de los individuos de una comunidad lingüística. O sea, la libertad individual. De creernos a los normalizadores, el franquismo -caracterizado por sus «ataques al catalán»- debería haber erradicado el catalán. Si Melià hubiera tenido ocasión de hacer un estudio en 1975 de los que ahora suele hacer gracias a la ayuda del IEC y la UIB, dicho estudio hubiera arrojado que el 95% (si no más) de los mallorquines sabían hablar y utilizaban mayoritariamente el mallorquín. Tampoco serían ciertos los disparates que etziba Bartomeu Mestre Balutxocuando, en relación a la Guerra de la Sucesión, dice que «se siguió la misma persecución de la lengua catalana que la efectuada contra los idiomas americanos. Pura opresión colonial» (conferencia en el Consell de Mallorca, setiembre de 2015). O la «opresión colonial» fue absolutamente ineficiente en nuestro archipiélago o Balutxo miente más que habla. Por mucho que nuestros nacionalistas quieran remontarse a los Decretos de Nueva Planta de Felipe V o al franquismo, lo que es un hecho incontestable es que nunca el catalán había retrocedido tanto como lo ha hecho en plena autonomía, bajo el paraguas de la Ley de Normalización de 1986 y después de adoptar la inmersión de facto en las escuelas. Que a día de hoy sólo el 35% de los baleares usen normalmente el catalán pone de manifiesto dos cosas. La primera, que la normalización se ha saldado con un rotundo fracaso. Y la segunda, que la planificación lingüística impuesta desde las alturas no tiene los efectos salvíficos para el idioma en los que cree el catalanismo. Y eso no ocurre sólo en Baleares, también en Cataluña.

Entiendo que esta cruda realidad sea muy dura para los planificadores lingüísticos y todos los que de un modo u otro viven del catalán. Pero los hechos son los hechos. Tal vez no pueda hacerse nada (o muy poco) desde el poder cuando los individuos deciden abandonar una lengua y adoptar otra con mayores externalidades, que dicen los economistas. Tal vez hemos estado perdiendo recursos y tiempo tratando de salvar una lengua que estaba condenada a largo plazo. Tal vez la forma de implementar la normalización ha sido la equivocada, buscando más la imposición que la seducción. Todas estas dudas serían una hipótesis de trabajo para unos sociolingüistas dignos de este nombre. No caerá esa breva. ¿Qué ha ocurrido para que el uso del catalán esté bajo mínimos cuando nunca antes lo habían apoyado tanto desde las instituciones? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Se han convertido los catalanistas con sus actitudes totalitarias en los sepultureros inconscientes de lo que querían salvar? 30 años después de la aprobación de la Ley de Normalización (1986) ya va siendo hora de que la clase política tome nota, pierda el miedo de hablar sobre estos temas y haga autocrítica. Salvo que crean que el problema no reside tanto en las ideas básicas del proceso normalizador como en la falta de agresividad de los gobiernos para imponerlas. A fin de cuentas, también los palafraneros de última hora de la idea comunista creían que el problema del comunismo no residía en sus principios sino en su errónea aplicación. Si es así, ya sabemos lo que nos espera

Origen: ELMUNDO

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