Un informe secreto vincula a Morales, Maduro y Podemos con la coca – José Carlos Rodríguez / La Gaceta

CORONEL GABRIEL CARDONA, EL EXILIADO 1.001

Gaceta.es accede al informe Cardona, el documento que ha puesto en peligro la vida del militar boliviano que denuncia varios casos de tráfico y corrupción del Gobierno de Evo Morales.

 

José Carlos Rodríguez

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Esta es la historia de un militar boliviano que procede de una familia de campesinos. Su ascenso en el escalafón, su segunda carrera como jurista y profesor, y finalmente su choque contra el régimen de Evo Morales, con corrupción, narcorrevolución, conspiraciones, acoso y huída. Una historia que no ha terminado, porque espera en España que se le conceda el asilo político, y que pueda sacar de su país a su familia, que está amenazada.

La biografía de Germán Cardona comienza “en la zona donde mataron al Che“, de quien espera poder escribrir una biografía. Siguió el ejemplo de su hermano mayor, como lo hicieron los dos que le siguen, y se alistó en el Ejército. Pero “uno se forma para ser guerrero. Pero me dí cuenta de que era pura ciencia ficción, y cambié de visión. Sólo éramos guerreros planificando”. De modo que estudió Derecho, “que ahí es donde se aplica y se practica la guerra”. Desde 2001 es asesor jurídico del Ejército, puesto desde el que ha defendido a varios cuerpos, e incluso al Ministerio de Defensa. Se doctoró en la Universidad de Valencia, en España, y tiene plaza de catedrático en la Universidad René Moreno.

Su carrera descollante se tuerce con la custodia de unas armas. Cardona explica a gaceta.es que por la incidencia del narcotráfico, las fuerzas de seguridad del Estado se incautan de gran cantidad de armas. Él, como asesor de la 8ª División del Ejército de Bolivia, reclamaba la custodia de todas las armas que tuviesen un carácter militar. Apelaba al artículo 130 de la Ley de Fuerzas Armadas, según el cual sólo el Ejército puede poseerlas.

El robo de las armas

En marzo de 2009 un suboficial, E.V., encargado de la sala de armas donde se custodiaban y el sargento D.C., mecánico armero, le informan de que hay un intento de llevarse las armas por parte del Gobierno. Cardona se niega, y les recuerda que no pueden hacer nada si su autorización. Pronto sabrá quiénes están detrás, y porqué.

“Me llama el coronel José Antonio Ágreda Mendivia” para hablar de las armas, y le convoca para el sábado 7, en el comando de la octava división. Cardona se presenta, y Ágreda sale del despacho, donde estaba acompañado por tres personas importantes dentro del régimen: Juan Ramón de la Quintana, Gabriela Montaño, y Raúl García Lineras. Ágreda, que ha salido a su encuentro, le recibe con una arenga política: “Estoy en el proceso de cambio. Tenemos que sacar a los extranjeros, tenemos que tener una identidad propia. No dejan que el hermano presidente realice esos cambios aquí en Santa Cruz. Estos autonomistas que quieren tomar las instituciones públicas. Son unos delincuentes. Y hay que apoyar a nuestro hermano presidente”, le dice.

“Yo pensé que me iba pedir que matase a alguien”, confiesa Cardona. “No es nada grave”, le dice Ágreda. “Vos sabés que las armas que tienes no tienen inventario dentro del Ejército. Y el presidente Morales las necesita para luchar contra estos delincuentes”, en referencia a los autonomistas de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, de la que Morales extrae recursos para financiar sus programas para el resto del país. “Esas armas no las podemos entregar, porque son pruebas, y la octava división es custodia de esas pruebas”. Ágreda le informa de que Juan Ramón de la Quintana, que es el comandante del Ejército, le ha prometido un ascenso, y le ofrece a Cardona ser “mi manod derecha”, pero éste lo rechaza. Sale del despacho el propio Quintana: “Si esas armas son del Ejército, son del Estado, y todo es Estado. ¿Quién va a reclamar? Nadie va a saber”. “Yo no firmo nada”, replica Cardona. “Si no es para que firmes. Es para que busquemos una solución”. Cardona no se la ofrece.

No importa: Quintana ya la tiene: Se presenta el 9 de marzo ante la sala de armas con Gabriela Montaño, y García Lineras, una guarnición de hombres y vehículos para transportar las armas. E.V y D.C informan a Cardona de lo que ocurre. Quintana “no quiere inventario, y ya han entrado a sacar. Me han prohibido que anote nada”, dice E.V.

El asalto al Hotel Las Américas

Y nada se sabe de esas armas, hasta días después, el 16 de abril. El gobierno boliviano de Evo Morales monta una operación en el Hotel Las Américas en la que la Policía mata a Eduardo Rósza-Flórez, hungaro-boliviano, Michael Dwyer, irlandés, y Árpád Magyarosi, húngaro. Les acusan de actuar en nombre de los dirigentes de Santa Cruz e intentar asesinar a Morales y al vicepresidente Álvaro García Lineras. Como prueba de sus intenciones, la Policía expone unas armas. El coronel Cardona las identifica como las que él ha registrado y custodiado hasta que Quintana, Montaño y Raúl García Lineras, hermano del vicepresidente, se las llevaron.

Con todo, el Gobierno carecía de pruebas suficientes para inculpar a los dos implicados que salieron vivos de aquélla operación. Han estado en la cárcel desde entonces hasta recientemente. El Gobierno introdujo una modificación en el Código Penal que permitía la exoneración si un acusado se auto inculpaba, y eso fue lo que hicieron. “Nunca se ha podido demostrar” que planeasen un atentado; “necesitaban esa autoinculpación”, cree Cardona.

El Ejército le cambia de destino el 1 de mayo de ese 2008 de Roborés, cerca de Brasil, a Tupisa, cerca de Chile. El 1 de junio a Camil. Y el 1 de agosto a la 8ª División. Es una advertencia por su falta de colaboración, o al menos es lo que cree Cardona.

El caso de Reedy Olmos

No vuelve a saber del asunto hasta la primavera de 2011, cuando contacta con él el Mayor Reedy Olmos Rejas, con un mensaje: “Mi coronel, hay un inventario de armas que me han dejado que dicen que le han entregado a Juan Ramón de la Quintana”, que Cardona guarda. Olmos informa a sus superiores, y desde entonces vive una persecución constante. Así se lo hace saber a Cardona en octubre del mismo año, con un estado de ánimo “paranoico”: “Desde que le llamé al general Ágreda, me ha dicho que él no sabe nada. Que no me meta. Que no me preocupe, y que ya volverán las armas”. Cardona le animó a escribir un informe sobre lo que ocurría, pero la muerte le alcanzó antes, el 4 de noviembre. Sintió un fuerte dolor intestinal, y murió al poco tiempo de entrar en el Hospital. Cardona, tiempo después, quedó destinado a cargo del Hospital y pidió el historial clínico, pero ese documento había desaparecido.

El asunto de las armas le sigue persiguiendo. En septiembre de 2014 mantiene una conversación con Jorge Pérez Valenzuela, que había sido compañero suyo de estudios, y que formaba parte del gobierno de Evo Morales. Cardona le pide que le devuelvan las armas. “Yo no sé nada de eso. Habla más bien con los que fueron de esa gestión. Yo no sé nada. No era mi gestión”, es la respuesta que recibe. Esa, y el seguimiento que empieza a sufrir.

El informe

Resueltve responder al acoso con un informe en el que recoge todos estos hechos tal como él los ha conocido, más otros casos de corrupción con los que ha tenido que lidiar como asesor jurídico del Ejército, más otras informaciones que le facilitan sus alumnos, políticos “masistas” algunos, policías otros, y que cuentan con información de primera mano de algunos asuntos. Como, por ejemplo, las conexiones del régimen de Morales y de Maduro con el narcotráfico, con otros regímenes amigos y, en un futuro, con Podemos en España. A comienzos de abril de este año, 2015, ese informe “ultra secreto” ha llegado a las manos de sus superiores. Y el acoso se recrudece.

El 11 de marzo le comunican una sanción administrativa muy grave, previa a la expulsión del Ejército, “sin que haya habido denuncia, declaraciones o un proceso administrativo”. En esos días le llama un amigo del Ejército, y le advierte: “Germancito, cuídate. Hay una orden del presidente, del vicepresidente, del ministro de la Presidencia (Juan Ramón de la Quintana) y ministro de Defensa de que se te retire del Ejército”. Y la cosa no va a quedar ahí: “Por ese informe creo que te quieren pasar al otro lado. Quieren callarte para toda la vida”.

El 17 de marzo pasado le llama Jorge Pérez, y Cardona le vuelve a plantear el asunto de las armas. “¿Sabes qué? Te voy a procesar”, le advierte Pérez. Diez días más tarde, recibe dos llamadas. Una es de el ministro Hugo Moldiz, con quien tiene este intercambio:

Hugo Moldiz: “Escúcheme. Yo le hablo por su bien. Yo le llamo por un informe que ha hecho en el que denuncia muchas cosas, que son falsas. Yo le pido por el bien de usted, por su familia, por su carrera. Retráctese de ese informe y no va a pasar nada. Y si usted se mantiene en ese informe, ya verá las consecuencias”.

Coronel Cardon: “Es una amenaza. Lo estoy tomando muy en cuenta”.

Hugo Moldiz: “Tómelo como usted quiera. Te estoy diciendo la verdad. Aténgase a las consecuencias”.

Ese mismo 27 de marzo recibe la llamada del comandante de la 8ª División, José Raimundo Zapata Vázquez, quien le informa de un cambio de destino y le exige que se presente de forma inmediata en su despacho. Acude por la tarde, pero es el martes, 31, cuando toma posesión de su nuevo destino: “Entro en mi oficina, y entra la Policía Militar a detenerme por orden del inspector de la octava división, el coronel Mendizábal Paz. Yo me enfurecí. Sentí un dolor fuerte, y caí al suelo. No podía respirar”. Su corazón, del que se ha tratado en España, vuelve a fallarle. “Un médico, por favor”, pide desde el suelo. “En esto se presenta el coronel Mendizábal Paz, y cierra las dos puertas de mi despacho. E impidió que nadie me toque; esperaba que yo me muriera”, dice Cardona. Por suerte, “mi hermano estaba cerca. Se vino con otro de mi promoción y me sacaron de allí. Me llevaron al hospital. Estuve seis o siete días internado”.

Vuelve a su casa, y se reanuda el seguimiento. Pero él decide esquivar a sus perseguidores, y acudir al aeropuerto para huir a España, y a la libertad. Cuando tramitaba su nueva situación, “un funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Brasil me dijo que yo era el refugiado número 1.001 de Bolivia”.

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