Los responsables – Cayetana Alvarez de Toledo / El Mundo

26/04/2016 03:03
EL CRUEL ABRIL. Lunes 11. Una escritora llamada Empar Moliner quema un ejemplar de la Constitución en la televisión pública catalana. La cadena se justifica diciendo que la intención de la ‘performance’ era metafórica. Moliner insiste luego: “La Constitución no garantiza el derecho de los pobres”.

Jueves 14. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, presenta en un acto en el Ritz al delegado de la Generalidad en Madrid, Ferran Mascarell. Le dedica enfáticos elogios: “Un independentista de razón”. Despeja coquetamente las críticas: “Ferran y yo aceptamos estas cosas como el producto de nuestra personal e intransferible heterodoxia”. Y dice que no son ellos los excéntricos sino la España cainita: “En cualquier otro país europeo sería normal”.

Domingo 17. El periodista Jordi Évole entrevista en La Sexta al terrorista convicto Arnaldo Otegi, que aprovecha la oportunidad para promover su candidatura a ‘lehendakari’ y atacar al Estado. El diálogo culmina con otro sorprendente hermanamiento. Otegi: “Por esta entrevista recibiré críticas por los dos lados, Jordi”. Évole: “Yo también”. Dos víctimas de las víctimas. Sin solución de continuidad, la periodista Ana Pastor entrevista al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que mantiene su intención de destruir al “dragón” español en unos pocos meses.

Miércoles 20. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tumba una propuesta del PP para organizar un homenaje a la Constitución después de dedicar cuatro días a conmemorar la proclamación de la República. Su número dos lo justifica diciendo que la República es “democráticamente coherente” con los valores del Ayuntamiento y, en cambio, la Constitución “está vacía de contenido”.

Hay tres formas de eludir la responsabilidad en el sombrío devenir de un país: “Piove, porco governo”. O: “El pueblo tiene el gobierno que se merece”. Y: “Las leyes no funcionan”. En España proliferan las tres; la última, con fuerza creciente. La reforma de la Constitución se ha convertido en el quijotesco bálsamo de Fierabrás. Los pioneros en su prescripción fueron los socialistas, que querían ocultar su responsabilidad en la centrifugación del Estado. Aquel inolvidable zapaterismo: “Aprobaré el Estatuto que venga de Cataluña”. Pero ahora también hay curanderos en Ciudadanos y en el PP, que recetan unas gotas de “ese estremado licor” de la reforma constitucional para remediar los problemas del país. Homeopatía política. Pseudociencia populista.

La Constitución no ha fallado a la democracia; los que han fallado a la democracia son los llamados a defenderla. Los buenos a los que Burke señala por su indolencia. El grupo que el Diccionario define como “minoría selecta o rectora”: las élites.

El problema no es que una autoproclamada “payasa escritora” queme la Constitución en ejercicio de su derecho a la ofensa ni que un ayuntamiento populista desprecie la fuente de su propia legitimidad. El problema es que buena parte de los políticos, periodistas y empresarios españoles también dan la Constitución por amortizada y que prácticamente nadie milita en defensa y homenaje de nuestra mejor obra colectiva. El problema no es que un separatista sea delegado de la Generalidad. El problema es que el responsable de la política cultural del Gobierno de España conceda una base racional a sentimientos atávicos. Y que lo haga apelando precisamente a la Europa moderna, que se ha construido contra el nacionalismo y sus millones de muertos. Y el problema, claro, no es que un terrorista convicto aspire a gobernar, sino que las instituciones -políticas, mediáticas, económicas- faciliten su objetivo.

Una gran parte de las élites españolas llevan 40 años en funciones. Por acción y por omisión han favorecido la construcción de un Estado basado en concesiones de orden político al nacionalismo. Muchas de ellas, además, basadas en corruptos negocios personales. ¿Cuántos ‘#AutonomyPapers’ habrá bajo tierra? El resultado es una doble crisis territorial y económica. Un profundo déficit de convivencia y un pertinaz déficit fiscal.

El escaso compromiso de las élites es una de las claves de la historia de España y, en parte, consecuencia de la falta de autoestima. Hace años ya que Raymond Carr y John H. Elliott desmintieron la visión peyorativa que los propios españoles se habían dedicado a propagar sobre sí mismos, desde la leyenda negra. Pero ni aun así. Apatía y autoflagelación; egoísmo y catastrofismo; narcisismo y desconfianza. La incapacidad de articular un relato nacional cívico, coherente e integrador sigue lastrando el proyecto español. Socialmente es más rentable decretar el fracaso que apuntalar el éxito, ponerse de perfil que dar la cara, promover la ruptura que favorecer la reforma. Preferimos los adanes a los adultos, porque hemos elegido vivir en un estado de irresponsabilidad permanente.

Las élites siguen en funciones porque tienen una visión funcionarial de la democracia. Como si la democracia fuera una oposición, el visado a una vida vegetativa. Como si su continuidad dependiera exclusivamente de una rutina interna -el voto- y de una tutela externa -Bruselas-. La democracia concebida como un funcionariado explica buena parte de las tribulaciones presentes. Las élites no han entendido que la democracia ha de defenderse y que esa defensa exige asumir un riesgo moral, social y económico.

No hay un problema catalán o vasco. Hay un problema español.

Hemos confundido la parte con el todo. Hemos convertido al nacionalismo en único interlocutor legítimo y a los no nacionalistas en huérfanos políticos. Hemos cedido el concepto de diversidad a los que publican editoriales únicos y encuadran a las masas. Les hemos entregado las aulas y los platós a costa del pluralismo y la libertad. Hemos legitimado su discurso del agravio fiscal y la ordinalidad insolidaria. Hemos nombrado “español del año” a un nacionalista corrupto y desleal. Nos hemos resignado a la vulneración sistemática de la ley sobre la lengua y los símbolos comunes. Hemos promovido un Estatuto intervencionista e inconstitucional. Hemos legalizado al brazo político de ETA sin exigir a cambio ni la entrega de las armas ni la condena de los asesinatos. Hemos permitido la celebración de una consulta contra el derecho de todos los españoles a decidir su futuro. Hemos apartado el desafío secesionista del debate político, incluso de la campaña de las elecciones generales, porque confundimos el centro con la equidistancia y la defensa de la razón democrática con la radicalidad.

Tampoco hay un problema de populismo. Nuestro problema es la irresponsabilidad.

Hemos generado expectativas de bienestar infinito sabiendo que eran imposibles de cumplir. Hemos antepuesto nuestros prejuicios ideológicos a una educación de calidad, formando los adultos con la comprensión lectora más baja de la OCDE. Hemos hecho negocio con la corrupción: con su ocultación y con su denuncia. Hemos contribuido a la banalización de la política y a la politización de la justicia. Hemos puesto televisiones privadas al servicio de ideas y personalidades corrosivas, y hemos renunciado a la televisión pública como instrumento de pedagogía democrática. Hemos promovido la división de la izquierda creyendo que nos beneficiaría. Hemos pactado con los populistas contra la derecha en comunidades y ayuntamientos. Y hemos jugado a ser colegas de los más vulgares demagogos, trazando una división facilona y falsa entre vieja y nueva política.

¿Nueva política? De momento, seguimos en funciones. Las esperanzas de un gran Acuerdo por la Razón han quedado sepultadas bajo una losa de líneas rojas, vetos personales y cálculos electoralistas. Sánchez, el principal culpable del fracaso: “¿Qué parte del no no ha entendido?” Rajoy: “No tiene sentido que yo acuda a la investidura”. Rivera: #MarianoRajao. Y, mientras tanto, en prime time, el tridente Otegi-Iglesias-Puigdemont.

En diciembre se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, uno de los ejemplos de responsabilidad colectiva más decisivos de nuestra historia. Por cierto, protagonizado por hombres… y Carmen Díez de Rivera. España no necesita menos testosterona, como sentenció el sábado la presidenta Cifuentes. Tampoco necesita una segunda Transición. Lo que necesita son élites a la altura de la primera. Dispuestas a plantar cara a la demagogia de emoticono.

Hace unos años, en El País, Jürgen Habermas hacía la siguiente reflexión: “¿Qué significa realmente impopular? Si una solución política es razonable, no debe suponer el menor problema plantearla al electorado de una democracia. ¿Y cuándo hacerlo si no es antes de unas elecciones? Cualquier otra opción supone un encubrimiento tutelar”.

El verdadero cambio -la revolución- llegará cuando las élites españolas asuman su responsabilidad con la democracia. Es decir, cuando cierren la grieta entre su discurso público y la verdad.

Cayetana Álvarez de Toledo es portavoz de Libres e Iguales.

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