Manifiesto del calderón – Libres e iguales

El pacto español

Madrid, 21 de junio de 2016

Exactamente 38 años después de que se firmara en el Congreso el anteproyecto de la nueva Constitución española.

En España es fácil, y goza de un cierto prestigio, romper la Constitución en la tribuna del Congreso o quemarla en el plató de una televisión pública.

Más difícil es celebrarla. Y celebrarla, precisamente, es lo que hemos querido hacer hoy este modesto y obstinado grupo de españoles.

Es una celebración política, que nadie se engañe. Nosotros aspiramos a que dentro de 20, 50 o 100 años la Constitución de 1978 siga vertebrando las leyes del Estado de España. Es decir, garantizando la libertad, la igualdad y la fraternidad de los ciudadanos, y renovando el pacto español que logró que la guerra civil pasara de verdad a la historia.

Hace dos años dijimos que la Constitución es la paz civil española. Ahora decimos que la Constitución es también un mandato de madurez y modernidad.

En el último tiempo, todos los partidos políticos han aludido a la necesidad de una reforma constitucional. Al modo del mantra que ha de resolver nuestros serios problemas políticos.

Llama la atención que ninguno de ellos haya optado por oponer enmiendas a reforma.

Enmiendas es una vieja palabra del lenguaje agrícola. Define las sustancias que se mezclan con las tierras para modificar sus propiedades y hacerlas más productivas. Y define también cuál es el límite y el sentido de la modificación constitucional. Aquello que mezcla 1 2 favorablemente con el texto de referencia. Y aquello, también, que es concreto, preciso, claro.

Se comprende que los partidos políticos hayan preferido hablar de reformas y no de enmiendas. Hablar de enmiendas les habría obligado a concretar.

Y a arriesgar. Y a plantar cara.

Una enmienda, pongamos por caso. La que acabara con los llamados derechos históricos de determinadas comunidades. Sería una enmienda que Libres e Iguales apoyaría con entusiasmo. S

e podría añadir que, en coherencia, habría que eliminar de la Constitución el principal derecho histórico, que es el de la Monarquía.

Pero esa lógica no refleja la realidad de las cosas.

La Monarquía es un anacronismo, de acuerdo. Pero la monarquía española fue una pieza clave en la salida pacífica de la dictadura. Y aún hay algo más importante que el papel de nuestro Rey viejo en la transición o en la noche febril del 23 de febrero. Es su voluntaria y sistemática reducción a un símbolo de unidad y concordia.

Imaginemos por un momento que la Monarquía, una vez instalada como eje del Estado, hubiera tratado de ganar incesantemente poder político, desbordando su función simbólica y traicionando así la letra y el espíritu del pacto español.

Pues bien. Eso es lo que han hecho algunos de los propietarios de esos supuestos derechos históricos, que la Constitución —un pacto, al fin— concede: extorsionar a la política española con cualquier método imaginable.

Hasta tal punto que una fracción de esos rentistas de la historia, alojada en el submundo del crimen, adoptó la extorsión máxima del asesinato.

Ellos, justo es decirlo, también hicieron una aportación a la transición española. Fue la sangre. Entre otras, la del comandante de Jesús Velasco, el abuelo de Paula. Y la de Gabriel Cisneros, uno de los redactores del texto constitucional. Ellos sí hombres de paz.

Sí. Monarquía y nacionalismo son dos anacronismos. Pero han ejercido entre nosotros un papel radicalmente distinto. Mientras la monarquía ha trabajado con discreción para no desbordar su marco simbólico, el nacionalismo ha activado, blindado y ampliado los privilegios supuestamente decretados por la historia.

En un caso el símbolo ha devenido en metáfora del acuerdo civil; en el otro, ha pasado a ser agente del conflicto civil.

Contra lo que podía imaginarse de una élite moderna y de una política avanzada, la reforma de la Constitución que algunos ahora plantean no pretende la supresión de esos derechos históricos. Todo lo contrario: pretende su ampliación a otras comunidades. Es decir, pretende la extensión de la desigualdad entre los españoles.

Nobleza catalana; vulgo manchego. Casta vasca, plebe extremeña. ¿Hidalguía andaluza?

Y pretende convencernos, además, de que esos derechos son una sentencia inapelable de la historia, retrotrayéndonos a la fosa de un tiempo sin luces como fuente de toda legitimidad.

Diseñan un nuevo tiempo de discriminación legalizada, de Estatutos de limpieza de sangre, ahora en versión territorial.

Su reforma es regresión.

Por su parte, la extrema izquierda, en el paroxismo de la confusión, y también de la cursilería, plantea la eliminación del simbólico anacronismo monárquico, mientras patrocina el anacronismo nacionalista. Una república de la segregación.

Su revolución es la reacción.

Pero nuestra reivindicación de la continuidad del pacto español no está sólo basada en el cumplimiento de la ley. Está basada también en el carácter benigno de las ideas que lo vertebran. La línea que va de los crímenes de Orlando al de Leeds señala cómo determinados relatos amenazan el marco de referencia de nuestras ideas y de nuestro mundo.

Es cierto que para mostrar toda su malignidad esos relatos deben prender en un loco. Pero los cuerdos pacíficos que profesan las mismas ideas que los locos asesinos deberían vivir avergonzados de que alguien pueda matar en su nombre.

Antes de disparar gritan: «Británicos primero». O: «Alá es el más grande». Matan en nombre de un proyecto de segregación humana.

Así se ha matado también en los últimos cuarenta años españoles. En nombre del nacionalismo. Ese ha sido el rostro de nuestro crimen político. Nadie ha matado en nombre del pacto español. Nadie puede matar en su nombre. Porque nadie mata en nombre del acuerdo y la democracia.

La política ha de organizar la vida de los ciudadanos de un modo limpio, transparente y hasta humilde. Como el estilo organiza el texto.

Ese es el gran éxito de la democracia representativa. El magnífico procedimiento que delega en los especialistas la gestión de los asuntos colectivos. Delegamos la política como delegamos nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad.

Esa división del trabajo está en la raíz misma del concepto de ciudadanía. La ciudad nace, y se aparta de la tribu, cuando sus miembros intercambian conocimientos y habilidades. Cuando todos dejan de hacer de todo para hacer cada uno lo suyo.

Este éxito de la democracia representativa está en riesgo en muchos lugares del mundo y también aquí.

Por eso llamamos a la responsabilidad de los ciudadanos ante la actualizada potencia de los dos grandes enemigos de la política: el nacionalismo y el populismo. Ambos contradicen otra decisiva virtud de la democracia: la drástica rebaja de las emociones, que es el fundamento de la vida en comunidad.

Una de nuestras más serias obligaciones debe ser la denuncia del fraude de la llamada politización. No hay política en el Brexit. No hay política en Trump. No hay política en el secesionismo catalán. No hay política en el populismo podémico. Hay justamente su fraude. Y el fraude principal: el blanqueo de ideas malignas mediante el disolvente de la emoción.

La llamada politización, esa que se exhibe a chillidos en tantos platós de televisión, o que se concreta en la caza y captura del discrepante en las redes sociales, es un insulto a la política. Como también lo es, y muy señaladamente, esa conversión de la discusión política en una ceremonia deportiva, binaria, cuya definitiva plasmación es el referéndum.

La politización no amenaza sólo a la política. También a otras instancias fundamentales de la vida en común como la justicia o el periodismo, sumidas en España en una crisis de profunda gravedad. La politización es incluso un insulto a las propias y complejas emociones, ya fosilizadas en la respuesta automática del emoticón.

Libres e Iguales defiende la importancia de la política. De esa alianza entre el ejercicio de la responsabilidad de cada ciudadano y el conocimiento de los expertos. Por eso celebra el pacto español que la transición encarna.

Lo celebramos, eso sí, sin mitificaciones. También durante la transición actuaron a cuerpo gentil los irresponsables. Pero perdieron. De calle. La política ganó.

Hoy seguimos dispuestos a trabajar activamente por el restablecimiento de la confianza. Somos conscientes de que el secuestro emocional de la política es la amenaza más seria al progreso. En España y fuera de ella.

De ahí que esta celebración de la Constitución como nuestro gran pacto de la razón tenga que ser una celebración vigilante.

Ya no solo en la calle. En el parlamento español. En los parlamentos regionales. En las alcaldías de numerosas e importantes ciudades españolas… hay fuerzas políticas que agreden la libertad y la igualdad de todos los españoles. Su discurso amenaza la continuidad de España, la continuidad de la razón y la continuidad de la política. Rompen o queman la Constitución.

Como adánicos, desconocen el supremo valor de la enmienda.

Minutos después del último resultado electoral, Libres e Iguales declaró su apoyo a la formación de un gobierno entre los partidos constitucionalistas que habría permitido abrir un período de estabilidad y de reformas. Abrir, tal vez, la era de la enmienda.

Hoy, y ante la verosimilitud de una situación postelectoral similar, pedimos lo mismo. Esa es la abrumadora mayoría que ahora debe gobernar España. Y pedimos además que ese pacto se extienda a las comunidades y municipios.

Ese es el pacto español de hoy.

Su necesidad deriva de una situación de excepcionalidad provocada, entre otras razones, por la crisis económica. Y por la instalación en los parlamentos de populistas y secesionistas, ya netamente coaligados en su objetivo común de destruir la soberanía constitucional española.

La Grandísima Coalición, la Gorda, como nos gustaría llamarla cariñosamente, no es un intento de minimizar el conflicto social, ni de ocultarlo. Todo lo contrario. Nosotros reconocemos el conflicto, y su carácter inevitable, como corresponde a un pensamiento desprovisto de toda tentación utópica.

Lo que rechazamos es que la democracia española siga jugando peligrosamente con la representatividad.

Los ciudadanos españoles no están partidos en dos bloques irreconciliables, binarios, guerracivilistas. Al menos tres cuartas partes de ellos están de acuerdo en los asuntos esenciales de la gobernabilidad. No es justo que el vuelo gallináceo de determinadas élites políticas y mediáticas malogre este acuerdo esencial.

Se pide una nueva política. Esa política nueva, esa política tan frecuente en Europa e inédita en España, es la gran coalición. La cristalización de un nuevo consenso. Un consenso constitucionalista.

El irracionalismo no crece cuando se le aísla. Crece cuando se le otorga respetabilidad. Cuando se incorpora al espacio de la razón común. Cuando se le trata como uno más, siendo lo demás.

El irracionalismo aplicado a la política sólo tiene una utilidad. Y no menor. Y es que, en la observación de sus himnos y proclamas, las gentes razonables comprendan que la democracia y el progreso exigen un compromiso diario. Y que lo fatídico es, justamente, que la noción del compromiso, y hasta su alegría, esté hoy monopolizada por los irresponsables y los cínicos. Por los que hacen del fracaso español un ilegítimo negocio político y mediático.

Frente a los mercenarios del fracaso, hay que volver a afirmar: ¡Estuvo bien hecho. Lo hicisteis bien!

La transición no abrió un paréntesis en el sinuoso itinerario español, sino un sistema de libertad al que no vamos a renunciar. La Constitución no fue una concesión a la desahuciada tutela franquista, sino un contrato de civilización. Nuestra democracia nunca se pretendió perfecta ni acabada; desde el primer momento demandó convicción, valentía, militancia. Las que ahora reclamamos y que debemos exigirnos a nosotros mismos.

Hace años, una vieja figura, lúcida e irónica de la transición española, Antonio de Senillosa, se lamentaba de la imposibilidad de que las masas salieran a la calle gritando: «¡Viva el centro!». Decía que sólo la pasión desatada de los extremos era capaz de declinar los vivas y los mueras correspondientes.

Esta noche, queridos amigos, Libres e Iguales os convoca a desmentir la sentencia de aquel Senillosa.

¡Viva el centro!

No el centro melifluo, equidistante, paralizado. El sórdido tiqui-taca político.

Sino el centro que agrupa.

Lo común.

El lugar que señala los problemas reales.

El punto sobre la i.

Allí donde está la fuerza.

El 10 de la diana.

El centro de gravedad.

Frente a la gravedad.

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