¿Dejó Franco que mataran a José Antonio Primo de Rivera? – José Manuel esparza

José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española de las JONS, fue fusilado por el Frente Popular el 20 de noviembre de 1936. Tenía 33 años. Con él desaparecía uno de los dirigentes políticos más carismáticos del bando ‘nacional’. Tras su muerte, la figura de José Antonio y su discurso fueron enteramente fagocitados por el régimen de Franco. Después se extendió la leyenda de que el generalísimo, por conveniencia política, dejó que mataran a José Antonio. ¿Verdad o mentira?

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No, Franco no “dejó” que mataran a José Antonio. A José Antonio Primo de Rivera lo mató el 20 de noviembre de 1936 un pelotón de milicianos anarquistas y socialistas, por veredicto de un “Tribunal Popular” de las izquierdas y con la aprobación del gobierno Largo Caballero. En aquel momento, toda la atención de Franco, que había llegado el 1 de octubre anterior al mando de la España sublevada, estaba puesta en organizar su propio campo, liberar el asedio de Oviedo, iniciar las operaciones de asalto al País Vasco y, por encima de todo, apretar el cerco sobre Madrid. En las semanas anteriores a la ejecución del líder falangista hubo varios intentos de liberar a José Antonio, ya fuera mediante canje por otros presos, ya mediante pago de rescate o ya, incluso, mediante una acción directa. Hasta donde se sabe, Franco respaldó todos esos intentos.

¿Se empeñó Franco todo lo que pudo, en cuerpo y alma, en salvar la vida de Primo de Rivera? Aquí es donde está en realidad el debate, porque desde los medios “azules” siempre se le ha reprochado al Caudillo –sobre todo, después de 1975- no haber puesto toda la carne en el asador. Ocurre que la relación personal de Franco con José Antonio era pésima, nadie desconocía la antipatía que ambos recíprocamente se profesaban, Franco era cualquier cosa menos un revolucionario nacional-sindicalista y José Antonio, por su parte, se había ofrecido al gobierno del Frente Popular en el mes de agosto como mediador para un alto el fuego, cosa que a Franco debió de sentarle muy mal. Añadamos que Franco, resuelto a controlar bajo su mano todos los resortes del mando político y militar, sin duda habría soportado mal la presencia de otro líder a su lado y que, cuando hablaba de Primo de Rivera, no ocultaba cierto comedido desdén (“ese muchacho”, le llamaba). Con todos esos datos sobre la mesa, es fácil alimentar la sospecha de que Franco no puso gran interés en salvar la vida de José Antonio. Ahora bien, ¿acaso esto no es sobrevalorar en exceso la capacidad de influencia de Franco sobre el gobierno enemigo? Y más crudamente: ¿no estamos ante otro efugio retórico para echar a Franco la culpa de todo, incluso de aquellas cosas sobre las que el general no tenía capacidad material para actuar?

Por qué encarcelaron a José Antonio

Vayamos por partes. José Antonio Primo de Rivera fue encarcelado por el gobierno del Frente Popular en marzo de 1936. Para esa fecha, los partidos y sindicatos de izquierda ya habían empezado su ofensiva de violencia callejera en lo que acabaría llamándose “primavera trágica”. El relieve político de José Antonio, pese al agigantamiento posterior de su figura, era entonces bastante limitado. Sus resultados electorales en febrero habían sido pésimos y la Falange, aunque cada vez más activa en la calle, no pasaba de ser un grupo minoritario. Pero la Falange era, con los carlistas, el único grupo que respondía a la violencia de las izquierdas, estaba recibiendo financiación de la Italia de Mussolini y, por otro lado, José Antonio mantenía contactos personales muy estrechos con nombres relevantes de la vida política española, hasta el punto de que puede decirse que su influencia personal era mayor que el peso de su partido. Así las cosas, el gobierno inventó un cargo falso –las investigaciones posteriores al respecto son bastante concluyentes- y el 14 de marzo de 1936 le detuvo por tenencia ilícita de armas.

Desde la cárcel, José Antonio siguió dirigiendo la Falange e incluso pudo escribir, a primeros de mayo, una carta abierta a los militares en la que recordaba aquella famosa idea de Spengler: en los momentos decisivos, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Falange estaba ya metida de hoz y coz en la conspiración contra el Frente Popular. Gil Robles, el líder de la CEDA, intentó una maniobra legal para sacar a José Antonio de prisión: como había que repetir las elecciones en Cuenca, donde la votación de febrero había sido fraudulenta, se confeccionó una lista de derechas en la que estaban Franco y José Antonio. Éste se opuso a que Franco figurara junto a él. Seguramente Franco tomó nota. En todo caso, el Gobierno frustró la celebración de nuevos comicios y aquello acabó en nada. Finalmente, en el mes de junio el Gobierno dio orden de trasladar a José Antonio a la cárcel de Alicante. Sin duda para alejarle lo más posible del centro de la actividad política.

Estalló la guerra y José Antonio, que hasta entonces había sido, por así decirlo, un preso político de categoría B, se convirtió en categoría A, porque la Falange ya se perfilaba como uno de los principales motores políticos del bando sublevado. La vida de Primo de Rivera empezó a correr muy serio peligro. Unos militantes de Alicante formaron una columna para sacarlo de la cárcel a viva fuerza, pero la Guardia de Asalto los repelió a tiros. José Antonio, mientras tanto, intentaba ofrecerse al gobierno del Frente Popular como mediador en el conflicto. Esto lo contó después el prohombre republicano Martínez Barrio, presidente de las Cortes en 1936, en una conferencia pronunciada en México en 1941: según su relato, el 14 de agosto de 1936 José Antonio hizo llegar al gabinete –aún presidido por Giral- la propuesta de “que se le permitiera salir de prisión, donde se reintegraría al cabo de cierto tiempo, para lo cual daba su palabra de honor, con el fin de realizar una gestión en el campo rebelde orientada a la terminación de la guerra civil y al sometimiento de los militares y civiles rebeldes contra la República, al gobierno legítimo. (…) Insistía en la necesidad de que se pusiera término a la contienda que se había iniciado, porque creía él, como español, que la contienda sumiría en el caos y en la ruina a la patria”. La fórmula de José Antonio consistía en restaurar la legalidad republicana, formar un gobierno de concentración compuesto por republicanos de talante moderado (sin militares), promulgar una amnistía y permitir la reincorporación de los militares sublevados a sus unidades. Ni que decir tiene que la propuesta cayó en el más absoluto vacío.

Salvar a Primo de Rivera

Los intentos de sacar a José Antonio de la cárcel por vía de canje comenzaron en septiembre de 1936 y tuvieron dos protagonistas principales: Eugenio Montes, escritor falangista, y Miguel Maura, republicano de derechas y uno de los padres del nuevo régimen en 1931. Ambos lograron entrar en contacto con el líder socialista Indalecio Prieto por mediación del republicano Sánchez Román, que había sido abogado de Largo Caballero. Prieto exigió a cambio treinta presos que estaban cautivos en zona nacional y seis millones de pesetas de la época. El volumen del rescate da fe del valor de la pieza. Eugenio Montes acudió al cuartel general de los sublevados y tanto Mola como Franco dieron su aprobación al canje. Quien no lo dio fue Prieto porque, según dijo, entretanto la cárcel había caído en manos de los anarquistas y éstos no permitirían el intercambio.

¿Había otra opción? Sí: en Sevilla estaba preso un hijo de Largo caballero. El muchacho, de nombre también Francisco, había vivido una peripecia singular: en el momento del alzamiento estaba haciendo el servicio militar en el regimiento de Ingenieros de El Pardo, unidad favorable a la sublevación; cuando el levantamiento fracasó en la capital, el regimiento entero marchó a Segovia y con él llevó, evidentemente, al soldado Francisco Largo Calvo, que, por su filiación, acabó en una cárcel de Sevilla. ¿Para qué querían al hijo de Largo Caballero en Sevilla? Para canjearlo en caso de necesidad. Y esa fue la baza que esgrimieron los falangistas: ofrecer a “Paco” –así le llamaban sus hermanas- a cambio de José Antonio. Franco estuvo de acuerdo. Se sabe que la propuesta llegó al consejo de ministros del Frente Popular y que Largo, ya entonces jefe del gobierno, la vio y la dejó en manos de sus ministros con un elocuente “No me obliguen ustedes a asumir el papel de Guzmán el Bueno”. Así que tampoco hubo canje.

Como las vías de negociación parecían cerradas, se pasó a la acción directa. Hubo al menos tres planes para liberar a José Antonio mediante un golpe de mano. Franco dio su aprobación a todos. El más conocido, porque su principal responsable lo contó en detalle, fue el de Agustín Aznar. Éste, con otros doce falangistas, se fue a Cáceres a ver a Franco y le expuso su proyecto. Se trataba de entrar en la cárcel de Alicante con ayuda alemana –el consulado más activo en la ciudad- y previo soborno de algún carcelero venal. Franco lo aprobó y, aún más, firmó un pagaré por un millón de pesetas, con cargo al Banco de España, para sufragar la aventura. Como el dinero estaba en Sevilla, feudo de Queipo de Llano, hay quien ha atribuido la generosa donación a este general, pero hay que recordar que Queipo y José Antonio se profesaban una enemistad irreconciliable (habían llegado a las manos años atrás), así que es poco probable que la iniciativa partiera del “general radio”. En todo caso, esta aventura de Aznar terminó de mala manera porque, una vez en Alicante, el principal responsable de la diplomacia alemana, Voecklers, puso toda clase de impedimentos.

El segundo intento de este carácter prescindió de operaciones militares y se concentró en el soborno: el objetivo era ganarse la aquiescencia del gobernador civil de Alicante, Vázquez Limón. ¿Quién lo haría? La naviera Ybarra, que mandó a su consignatario en Sevilla, Gabrel Ravello, con una buena cantidad de pesetas. Con él marchó el falangista Pedro Gamero. La idea era invitar al gobernador a subir a bordo de un barco alemán y, allí, proponerle el negocio. Pero una vez en Alicante, el diplomático alemán Voecklers frustró nuevamente el intento. Hubo un último plan para excarcelar a José Antonio por vía armada. Franco participó en su planificación. Se trataba de un golpe de mano que debía ser ejecutado entre el 19 y el 21 de octubre por un comando especial formado por falangistas y reforzado con legionarios, apoyado logísticamente por el consulado alemán en Alicante y cubierto por mar con el crucero “Canarias”, que era el único navío de fuste que tenían los sublevados en el área. Pero el “Canarias” no pudo moverse de su emplazamiento y el plan quedó inédito.

Finalmente, y al parecer por iniciativa del propio Franco, el 4 de noviembre de 1936 se intentó una última propuesta de canje: José Antonio por el líder socialista Graciano Antuña, cautivo de los nacionales, más cuatro millones de pesetas (unos 8,6 millones de euros al cambio actual). Una vez más, la iniciativa fracasó porque el gobierno del Frente Popular se negó a cualquier negociación.

El fusilamiento

José Antonio fue juzgado en Alicante por un “tribunal popular”. Esta institución, de cuño revolucionario, consistía en un jurado designado por los partidos del Frente Popular bajo la presidencia de tres jueces de carrera. Los jueces aportaban la fundamentación jurídica, pero el veredicto se sometía siempre a lo que el jurado –político- dictara. En este caso, los miembros del jurado fueron uno por cada partido: PSOE, UGT, el PCE, la CNT, la FAI, Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Sindicalista. Los jueces de carrera eran Eduardo Iglesias, Rafael Antón y Enrique Griñán (abuelo del líder socialista andaluz de nuestros días).

¿De qué acusaban a José Antonio? De conspiración para un levantamiento militar. Bajo ese cargo se le condenó a muerte. Como el cargo era ostensiblemente endeble, porque el reo llevaba en prisión desde mucho antes de que estallara el alzamiento, los jueces, contrarios al veredicto del jurado, trasladaron al Gobierno su solicitud de que se le Pero el gabinete de Largo Caballero, reunido en la tarde del 19 de noviembre, votó contra la conmutación. Sólo los dos ministros de Izquierda Republicana, Esplá y Just, trataron de evitar la condena. Contra lo que dice una extravagante leyenda, el socialista Prieto, entonces ministro de Marina y Aire, votó por la pena de muerte, así como los ministros anarquistas. José Antonio fue fusilado el 20 de noviembre en el patio de la cárcel de Alicante junto a otros dos reos.

Y a todo esto, ¿qué fue del hijo de Largo Caballero? Sobrevivió. La revista “Ahora”, que había sido el órgano de los republicanos moderados y ahora estaba en manos de las Juventudes Socialistas Unificadas, que se incautaron de la cabecera, publicó el 23 de noviembre que Francisco Largo Calvo había sido “cobardemente inmolado por los asesinos fascistas”, pero era pura propaganda. Paco Largo no fue ejecutado. Anduvo de cárcel en cárcel hasta 1943, cuando se le sacó de prisión para verse confinado en Monforte de Lemos, donde vivía su hermano Ricardo. Una forma de libertad vigilada. Al fin, en 1948, Paco pudo salir de España. Marchó a México y allí se afincó hasta la fecha de su muerte, en 2001. El que sí resultó fusilado fue el otro “canjeable”, el socialista asturiano Graciano Antuña, juzgado y ejecutado en mayo de 1937.

¿Puede decirse que a Franco le benefició la ejecución de José Antonio Primo de Rivera? Objetivamente, es decir, leyendo los hechos al margen de las voluntades personales, puede decirse que sí. ¿Buscó o propició Franco ese desenlace? Con la misma objetividad, y a la vista de los hechos, nadie puede defender semejante cosa. Incluso es posible defender la contraria. De manera que no, Franco no “dejó” que mataran a José Antonio.

Bibliografía:

Maximiano García Venero: Falange en la guerra de España: La Unificación y Hedilla, Ruedo Ibérico, 1967.

Stanley Payne: José Antonio Primo de Rivera, Ediciones B, Barcelona, 2003.

Francisco Torres: El último José Antonio, Ed, Barbarroja, Madrid, 2013.

José María Zavala: Las últimas horas de José Antonio, Espasa, Barcelona, 2015.

 Fuente La Gaceta

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