Manuel Iglesias Ramírez – Francisco Espinosa Maestre | Todos los Nombres

Manuel Iglesias Ramírez, abogado y jurídico militar

La primera declaración de Iglesias Ramírez fue tomada en Úbeda (Jaén) el 9 de abril de 1939. Dijo tener 26 años y ser natural y vecino de Villafranca, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, casado con María Dolores Peláez Zapater, hijo de Alberto Iglesias y Carmen Ramírez, dueños de la fonda de Reverte, entonces situada en la plaza de Fernando Ceballos y haber sido teniente auditor jurídico militar del VI Cuerpo de Ejército en Hoyo de Manzanares en 1937 y presidente del Tribunal Permanente del IX Cuerpo de Ejército desde marzo de 1938. En este último cargo intervino en unas 650 causas y dictó nueve sentencias de muerte. Admitió igualmente que en sus años universitarios fue de la Federación Universitaria Española (FUE) y que a comienzos de 1937 ingresó en el PSOE (lo había hecho en 1929 en las Juventudes Socialistas). Fue juzgado junto con Antonio Echevarría López, fiscal del mismo Tribunal.

El primer testimonio en contra, el 12 de ese mismo mes, vino del médico Pascual Iniesta Quintero, secretario local de FET-JONS de Úbeda, quien acusó a Iglesias de haber intervenido en los asesinatos de Madrid y de haber reactivado asuntos judiciales de Úbeda voluntariamente traspapelados por su antecesor, el falangista José López Uceda. En el mismo sentido declaró el abogado Sebastián Bautista de la Torre: «… su conducta era de franca peligrosidad para la España nueva» o también «organizador de las milicias marxistas de Villafranca de los Barros, su pueblo natal, en unión de Margarita Nelken». Otro abogado, Francisco Navalón Navalón, camisa vieja de Falange, lo acusó de haberse dedicado a detener militares en Madrid en unión del comisario Octavio L. Alba.

A partir de 13 de abril del 39 llegaron los informes locales. Francisco Romero Pereira, delegado local de Información e Investigación de Falange, escribió que Manuel Iglesias había realizado sus estudios en los jesuitas de Villafranca y en la Universidad de Sevilla, donde llegó a ser «presidente de la FAI» en 1934. Al decir esto el delegado Romero confundía la FUE con la FAI, lo cual lo incapacitaba para informar de nada, pero daba igual porque a nadie le extrañó que el supuesto «presidente» de la Federación Anarquista Ibérica hubiese sido un estudiante de la Universidad de Sevilla de veinte años de edad. Además, una vez que acabó la carrera de Derecho, «lo colocó la Nelken en un bufete de Madrid». Varios fueron los cargos que recayeron sobre el abogado: haber llevado fusiles a Villafranca a fines de julio del 36, intervenir como delegado gubernativo en el desarme y traslado de la Guardia Civil, tomar parte en el enfrentamiento de Los Santos y huir después, arengar al Ejército rojo durante la guerra desde Unión Radio y estar complicado en la detención y desaparición del marqués de Joaquín Dorado y Pedro Ceballos.

El informe del presidente de la gestora Antonio Muñoz Martín repetía lo mismo, incluido lo de que fue presidente de la FAI, y añadía que «en el año 1935 presentó en esta población a la Nelken, de la que se dice que era secretario», lo que indica que Muñoz ignoraba que Margarita Nelken estuvo fuera de España desde fines de 1934 hasta las elecciones de febrero de 1936, con lo que difícilmente pudo haber pasado entonces por Villafranca.

El cabo comandante José Valverde Molina fue, como siempre, más explícito: el abogado Iglesias no sólo era «íntimo de la Nelken» sino que «… dada su sagacidad y grado de cultura dominaba a todos los dirigentes marxistas de esta localidad, (…), por lo que se considera responsable de los delitos y desmanes que en esta ciudad se cometieron, como fueron incendiar la Iglesia cuando estaban los detenidos de derecha dentro, saqueo de domicilios, palizas al elemento de orden y todos cuantos desmanes más cometieron esta chusma». Además, como habían controlado las cartas enviadas por la familia desde el pueblo, el cabo Valverde lo situó en Checoeslovaquia. Concluía: «individuo muy peligroso para su convivencia en el Régimen actual».

La familia debió moverse por esos días de abril de 1939 y comenzaron a llegar los testimonios favorables. El primero de Manuel Puente Prieto, dueño de la Pensión Internacional de Madrid, quien afirmó que Iglesias salvó la vida de uno de los huéspedes, Fernando Castaño, cuando una noche se lo llevaban detenido. Luego fue un vecino de Úbeda, Antonio Benito Ruiz, quien lo describió como un hombre de notables sentimientos religiosos y muy crítico con la izquierda. Dijo además que colaboró en preparar el terreno a la «liberación de Úbeda». A este testimonio lo seguía otro de Dionisio de la Torre Arredondo, un funcionario que lo había conocido cuando Manuel Iglesias prestaba sus servicios en el Ministerio de Trabajo durante la República, que recordaba que en esos años iba de comunista y revolucionario.

Entre los testimonios de descargo destacaron el del médico falangista Enrique Puyol Casado, quien llegó a afirmar que el abogado le entregó una pistola «para cuando llegara el momento» y mantuvo que, además de a él y a su esposa, Iglesias había ayudado »a otras muchas personas de Úbeda que figuraban en las listas para ser asesinadas según rumores recojidos [sic] por todos»; el del sacerdote salesiano Claudio Sánchez Martín, que recibió la ayuda de Iglesias Ramírez, antiguo alumno de los jesuitas de Villafranca y de los salesianos de Utrera, durante su cautiverio en Jaén; el de Lorenzo Polaino Ortega, falangista y auxiliar técnico del Tribunal Permanente, protegido por Iglesias hasta el punto de certificar que había sido compañero suyo en la FUE y que dijo que «no se recataba de criticar duramente los vandálicos actos de los rojos» y que no sólo ayudó a los derechistas siempre que pudo sino que evitó «paseos» a fines de marzo de 1939, momento del que también datan varios escritos del juez en los que mostraba su preocupación por el trato humano que debían recibir los presos de derechas. Sería el caso del presbítero de Úbeda Ángel Campos Baeza-Rojano, cuyo padre, detenido por el SIM, fue liberado gracias a Manuel Iglesias. Un testimonio favorable más fue el del abogado falangista Ezequiel Puig Maestro-Amado, quien recordó que lo protegió en Madrid, que favoreció en su actuación a los derechistas, que traspapelaba sumarios para favorecer a los inculpados, que perjudicó a los rojos, que en Madrid visitaba y ayudaba a sus conocidos fascistas, que ayudó al presidente de los Estudiantes católicos de Sevilla y que en Úbeda siguió actuando en el mismo sentido. Aunque exagerando considerablemente todos estaban intentando ayudarle.

Su compañero de los salesianos y del Tribunal Permanente Emilio Uceda Medina afirmó que le molestaban los abusos de los rojos y que le constaba que seguía pensando como en los tiempos de colegio, hasta el punto de que siempre llevaba las medallas y deseaba que «triunfaran los nacionales y se regenerase nuestra querida Patria». Esto se completó con un certificado del Obispado de Madrid en el que podía leerse que Manuel Iglesias Ramírez y María Dolores Peláez Zapater se casaron por la Iglesia el 21 de enero de 1938. En mayo siguieron llegando informes positivos, como los de José Altamirano y José Gil Seoane, profesores del Colegio SAFOS librados del SIM por Iglesias; el abogado madrileño Luis Serrano Guzmán, o el ya aludido presidente de la Asociación de Estudiantes Católicos de Sevilla, Juan Manzano Manzano, compañero suyo en Filosofía y Letras. El falangista y agente del SIMP Manuel Ángel Carnero Quesada, protegido por Iglesias durante cuatro meses en su propio domicilio, aseguró que éste repudiaba los actos delictivos de los rojos y «deseaba rotundamente el triunfo de nuestra Revolución Nacional Sindicalista, única forma de dar a España el Pan y la Justicia».

En mayo, probablemente por iniciativa de su esposa, se incorporaron a la causa los magníficos informes académicos que la Universidad de Sevilla había emitido sobre su paso por la Universidad, en que se licenció en dos carreras, Derecho y Filosofía y Letras (Historia de América), ambas concluidas con las máximas calificaciones. Se le tomó declaración indagatoria en Úbeda el 19 de junio de 1939. En ella admitió haber presidido la FUE de Sevilla en 1933, negó haber presentado a Margarita Nelken en el pueblo en 1935 (no mentía al decir esto), afirmó haberse acercado a Villafranca a fines de julio del 36 para ver a su madre (ocultó lógicamente la causa del viaje), se desligó de cualquier actuación como delegado gubernativo en aquellos días (volvió a ocultar su intervención en la rendición de la Guardia Civil) y mantuvo que «fue el 2 de agosto la única vez que habló en la Casa del Pueblo de Villafranca para la evitación de hechos criminosos, [y] que en efecto no se realizó ninguno».

También declaró que no tuvo intervención alguna el día 5 de agosto en Los Santos y que nunca habló por Unión Radio Madrid. Respecto al misterio de las cartas dirigidas a Checoeslovaquia afirmó que no eran para él sino para un hermano de su cuñado. Y en cuanto al cargo más grave, la desaparición de Dorado y Ceballos en Madrid, aseguró que hizo cuanto pudo por localizarlos con ayuda de Julián Sánchez Bolaños, pero no lo consiguió. Finalmente aseguró que jamás perteneció al PCE y que no fue detenido en octubre de 1934, fecha en la que se encontraba recién llegado a Madrid preparando el doctorado. Muchas de estas declaraciones, lógicas en el contexto en que se dieron, se ven matizadas y corregidas en el currículum que se anexa.

Podemos entender todo lo anterior dentro de la estrategia personal y familiar para librar a alguien totalmente inocente, por más que hubiese sido un alto cargo de la justicia militar republicana, de la gravísima situación en que lo situó el desenlace de la guerra. Incluso son entendibles esos testimonios que más que hablarnos de un socialista comprometido con la República parecen estar describiéndonos a un derechista emboscado, casi un quintacolumnista, que, asqueado de lo que ha vivido en Madrid y Jaén, ansía la victoria de los fascistas. Simplemente la gente a quien él ayudó le devolvían ahora el favor. Más difícil resulta entender que en sus declaraciones responsabilizara a Borrego, Yuste y Medel del envío de fusiles a Villafranca, que se jactara de ser el que convenció al alcalde Yuste de que libertara a los guardias civiles, como si éste se hubiera negado, o que en su defensa del esfuerzo realizado para localizar en Madrid a los detenidos Dorado y Ceballos dejara caer que «hizo cuanto pudo sin haber podido conseguir nada, ya que los elementos que en Madrid había de Villafranca de los Barros no querían relación con el dicente por estimarlo un traidor a la causa de la República».

En todo caso, que cargara responsabilidades sobre Manuel Borrego, del que seguro que sabía su desaparición en Mérida en agosto del 36, puede admitirse, ya que de poco iba a servir a los militares, pero que metiera al medio a Yuste y Medel, ambos en el punto de mira de la justicia militar en ese momento, muestra la debilidad de la condición humana y, pese a todo, mueve, dadas las circunstancias, a extremar la prudencia al enjuiciar este tipo de comportamiento. En su favor no está de más reproducir el texto «Siempre España», incluido en el sumario, que con su firma apareció en el periódico republicano Vida Nueva el 10 de febrero de 1939, a menos de dos meses del final de la guerra.

Al día siguiente de esta declaración, el 20 de junio, se presentó al auto-resumen y una semana después se celebró el consejo de guerra. El fiscal, Manuel Valcárcel Amezqueta, solicitó pena de muerte y el defensor, el abogado falangista granadino Alfonso García-Valdecasas, 30 años. Ambos eran oficiales honoríficos del Cuerpo Jurídico Militar. La sentencia, que dio categoría de pruebas a los informes recibidos de Villafranca, consideró que Iglesias Ramírez, persona de «ideas izquierdistas» desde joven, puso «su inteligencia a contribución de la propaganda del Frente Popular del año 1936, estando en íntima relación con Margarita Nelken, tomando parte en mítines y conferencias…». Fue igualmente acusado de proveer de armas a «los rojos de Villafranca, de actuar como delegado gubernativo y de animar a la resistencia a los milicianos. Su actuación en Madrid fue considerada «confusa», aunque se dio por hecho que intervino en la detención de oficiales del Ejército. Finalmente se recordó que como presidente del Tribunal Permanente había firmado nueve penas de muerte y se tuvo en cuenta que constaba «en autos que durante su actuación hizo señalados favores a personas de derechas de orden [sic] perseguidas y que durante la dominación roja contrajo matrimonio católico».

Como era previsible fue condenado a muerte, aunque posteriormente, gracias a la intervención del ministro franquista Pedro Gamero del Castillo, compañero de universidad y uno de los máximos responsables de la Asociación de Estudiantes Católicos, la pena le fue conmutada a treinta años. De haberlos cumplido hubiera salido de prisión el 29 de marzo de 1969. En diciembre de 1943 obtuvo la libertad condicional y le fue rebajada la pena a veinte años. Tras pasar un año en Villafranca, en noviembre de 1944 obtuvo el permiso para vivir en Madrid. En el 45, cuando quiso acogerse a los beneficios del indulto de octubre, obtuvo una negativa. Por el contrario, en 1946, el Tribunal de Responsabilidades Políticas sobreseyó su expediente. Los últimos documentos del sumario datan de 1960.

* * *
«Siempre España» (Vida Nueva, periódico al servicio del Régimen legalmente constituido, Año IX, Úbeda 10 de febrero de 1939, Número 381)

Origen: Manuel Iglesias Ramírez | Todos los Nombres

el 18 de julio de 1936 e Iglesias es convocado, el 22 del propio mes, por los diputados socialistas por Badajoz Margarita Nelken y Jesús de Miguel, comisionándole para que, con las armas largas que le proporcionan, forme en la columna que, integrada principalmente por milicianos, con algunos soldados del 16º Regimiento de Badajoz, Carabineros y Guardias de Asalto, a las órdenes del coronel Ildefonso Puigdengolas y Ponce de León, va a enfrentarse al avance de las fuerzas de la Legión. Son días críticos, en los que es vital la conexión de la tropa que avanza desde Sevilla con aquélla de Mola que ya domina Cáceres. Puigdengolas tiene un historial militar brillante: veterano de las guerras de Cuba y del Rif, coronel Inspector del Cuerpo de Seguridad con destino en Sevilla. El choque tiene lugar en las sierras del Castillo y San Cristóbal, en los Santos de Maimona, donde su intento de constituir un perímetro de defensa se va a ver desbaratado por la enérgica resolución del Tercio. Hay desbandada, e Iglesias, in extremis, toma el último tren que parte de Mérida a Madrid, y se salva en unas condiciones que, desde el punto de vista estrictamente marcial, no cabe motejar de gloriosas.

Ya en la capital, tras fungir de Comisario Político del Batallón “Margarita Nelken”, desplegado en la Ciudad Universitaria, recibe de Indalecio Prieto la designación de Teniente Auditor, a las órdenes del general Pozas, en el frente de Aragón. Poco satisfecho de un nombramiento eventual, se desplaza a Valencia y concurre a las oposiciones para ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar de la República, en el que no le cuesta ganar plaza, siendo nombrado Teniente Auditor en Campaña con destino, como Secretario Relator, en el Tribunal del VI Cuerpo de Ejército, desplegado en El Pardo y en Hoyo de Manzanares. La templanza política de Iglesias le enfrenta con el jefe de este Cuerpo, Ortega, militante comunista, y se ve en trance de instar, por mediación de Prieto, su traslado al IX Cuerpo de Ejército, que manda un socialista y militar profesional, Francisco Menoyo, que le destina como Auditor-Presidente del Tribunal Militar radicado en Úbeda. Entre tanto, en el 38, en un viaje a Madrid, consigue algo que estaba entonces al alcance de pocos: encontrar un cura de los escasos que quedaban vivos después de las atroces persecuciones, para que bendiga el matrimonio que contrae con Lola Peláez Zapater, su novia de Rascafría.

Fuente

Los documentos que recoge la Causa General sobre la actividad del abuelo de Pablo Iglesias, como publicó este diario en febrero de 2015, muestran como desde mediados de julio de 1936 hasta el 9 de agosto del mismo año, en el que el ejército de Franco tomó la localidad de Villafranca de los Barros, fue delegado gubernativo en esa localidad de Badajoz. Durante su breve mandato le dio tiempo a entregar 80 fusiles a las milicias locales, armamento que él mismo se encargó de trasladar desde Madrid y que fue utilizado en las labores de represión de la retaguardia, entre cuyos actos se encuentra el asesinato de varios de los miembros de la Guardia Civil de la localidad.
En Villanueva y durante su estancia como delegado del Gobierno, se incendió una de las iglesias locales que estaba siendo utilizada como cárcel con decenas de derechistas locales en su interior, todo ello a pesar de que el abuelo del dirigente de Podemos se apresurase a declarar que no se mató a nadie durante el dominio republicano de la localidad.
Pero no quedó ahí su labor represora. Tras la caída de su localidad natal en manos de los sublevados, se trasladó a Madrid donde le volvemos a encontrar el día 7 de noviembre al frente de una cuadrilla de milicianos que detuvo y asesinó al Marqués de San Fernando y a su cuñado, Pedro Ceballos. Así lo declara la esposa del primero, María Ceballos Zúñiga y Solís, quien conocía Manuel Iglesias por ser los dos naturales de Villafranca de los Barros. De la declaración de ésta, de varios sirvientes y vecinos de la misma casa situada en la calle Prado número 20, la partida secuestró a las dos personas referidas que fueron llevadas a la checa de las milicias situada en la calle Serrano 43. Días después, ante la insistencia de vecinos y amigos que acudieron a preguntar a Manuel Iglesias, este aseguró que no le molestasen más preguntando por el Marqués de San Fernando, que había sido fusilado en la Pradera de San Isidro junto a su cuñado.
Fuentes de la familia han asegurado que si bien el noble fue asesinado, su muerte no se produjo en la Pradera del Santo, sino que está certificado que fue incluido en una de las sacas que terminaron con miles de inocentes asesinados en Paracuellos del Jarama, lo que sitúa al abuelo de Iglesias en el entorno de la mayor fosa de la represión de la Guerra Civil.
El abuelo de Pablo Iglesias ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar, del que llegó a ser Presidente del Tribunal permanente del IX Cuerpo de Ejército, interviniendo en 650 causas, muchas de ellas de carácter represivo que incluían carias condenas de muerte.

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