(Memoria historica) Victimas y verdugos

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ICV se querella por la ejecución de 45 tarraconenses por el franquismo. Eran miembros del PSUC y fueron fusilados entre 1939 y 1943. Con esta querella los ecosociaslistas catalanes se suman al proceso abierto en Argentina contra los crímenes del régimen del general Franco, en el que también se personó ERC. Haciendo un pequeño esfuerzo democrático y ya que están metidos en faena, yo les aconsejaría que incluyeran también a los 1.550 ciudadanos asesinados en la provincia en poco más de dos años (21 de julio de 1936- 14 enero de 1939), cuando era zona republicana y estaba administrada por el gobierno del Frente Popular y la Generalitat de Catalunya.

Estas víctimas del franquismo tuvieron una suerte macabra, que fueron juzgadas por un tribunal militar y condenados a muerte, de acuerdo con el código de justicia militar republicano. De las 1.550 víctimas de la República sólo trece fueron sometidas a juicio y condenadas a muerte, entre ellas Sant Jaume Hilari, condenado por el tribunal popular de Tarragona “porque sabía Latín y enseñaba la Religión católica a sus alumnos”. El resto fueron víctimas de las “sacas” y “paseos” a que sometían a la población los llamados “tribunales de sangre”, es decir grupos de milicianos (“incontrolados”)  bien armados, con listas de victimas en la mano,  que allanaban las viviendas sin orden judicial o entraban en las cárceles libremente, para secuestrar a sus indefensas víctimas, martirizándolas y asesinándolas en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios. Todo muy democrático. Yo, desgraciadamente, no puedo presentar copias de sentencias; sólo certificados de defunción “por hemorragia.”

Las ejecuciones se producían en la montaña de la Oliva, con el visto bueno del comisario de la Generalitat en Tarragona, según documento adjunto. Era obligado que el médico forense las presenciara y certificada la muerte de la víctima “a consecuencia de hemorragia.” Según testimonio del doctor Miquel Aleu, forense sustituto, cuando regresaba de la Oliva de presenciar una ejecución, encontraba en el cementerio montones de cadáveres de personas asesinadas, entre ellas algunos familiares suyos, sin haber sido juzgadas ni condenadas por tribunal alguno, víctimas del terror rojo. En pocos meses el ilustre médico perdió trece kilos por el estrés al que estaba sometido.

Una de las víctimas de este pavor revolucionario y antidemocrático fue el doctor Josep María Vives y Salas, a quien, no hace muchas semanas, el Colegio de Médicos de Tarragona rindió un merecido homenaje, que, desgraciadamente, no ha tenido ningún eco en los medios. El doctor Vives era médico forense titular de Tarragona y médico de la prisión de la ciudad. El joven doctor Aleu, recién salido de la Universidad,  le auxiliaba en estos menesteres. El gobierno del Frente Popular indultó a los presos políticos e indultó y armó a los comunes, que se convirtieron en protagonistas de las ejecuciones, ordenadas por quienes ostentaban el poder o arrogadas por su cuenta. En un primer intento, los  sicarios ex prisioneros, atacaron al doctor Vives, que resultó herido leve. Días después, los mismos individuos se personaron en la casa del médico y, con la escusa  que tenía que ir a declarar ante el comité local, lo sacaron de su domicilio. A pocos metros del mismo, en la denominada Era del Delme, cerca de donde hoy se hallan las instalaciones del Diari, rociaron su cuerpo con gasolina y lo quemaron vivo en presencia de uno de sus hijos. El doctor Aleu tuvo que realizar la autopsia a su maestro y amigo, bajo la vigilancia de un miliciano. A duras penas, logró arrancar el anillo de boda del cadáver y entregarlo a la viuda.

Los ecosocialistas ponen como ejemplo de victima al médico tortosino Primitivo Sabater (PSUC), director del Hospital de Jesús (Tortosa), condenado a muerte por haber  permitido que salieran del centro tres enfermos, – según se dice – por orden de la conserjerías de Sanidad y de Justicia de la Generalitat, que luego fueron asesinados por quienes habían acudido a recogerlos. Ningún enfermo hospitalizado puede ser entregado a nadie sin una orden judicial que lo ordene. El doctor Salaber lo sabía y cometió una grave irresponsabilidad, que costó la vida a tres personas inocentes. El enfermo Enrique Ramón Mateo era vecino de Amposta. Fue asesinado el 28 de octubre de 1936, en la carretera de Tortosa a Gandesa. Los verdugos fueron a buscarlo al Hospital de Jesús, donde yacía enfermo, y de donde lo sacaron violentamente, a las 13:30 de la tarde del mismo día. El enfermo José Porres Carcellé, también,  natural de Amposta, fue asesinado la misma fecha y en el mismo lugar que el anterior. Lo sacaron violentamente del citado hospital. Ramón Ibarz Aznarez tenía 33 años de edad; era médico como el doctor Sabater. Fue detenido el 25 de julio de 1936; intentaron asesinarlo el 14 de agosto, en la cuesta de San Onofre (Tortosa). Pero no murió en el acto de los balazos que le dispararon. Gravemente herido fue recogido por personas caritativas y trasladado al Hospital de Jesús (Tortosa), de donde unos pistoleros lo sacaron de la cama, donde yacía enfermo, y lo trasladaron a la carretera de Tortosa a Valencia, cerca de la cuesta de Vinallop, donde lo asesinaron sin piedad.

A veces la Historia también la escriben los perdedores, que convierten en víctimas a los verdugos y a sus cómplices. Francesc Basco.

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Origen: VICTIMAS Y VERDUGOS – Memorias y Palabras

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