Actuaciones del nuevo Estado Franquista contra los judíos – Fernando Antonio Palmero Aranda

Como continuación a mis investigaciones sobre el papel del régimen autoritario de Francisco Franco en la colaboración, persecución y represión de los judíos, traigo aquí un fragmento de una interesante y documentada tesis doctoral reciente, cuyos datos ilustran sobradamente que dentro del régimen militar hubo una corriente Filo Nazi y antisemita acusada, si bien esta no paso de eso, y la persecución judía tal y como se conoció en Europa no existió. Franco jamas expropio bienes de judíos en el extranjero, como se sugiere, ni los nazis ni ningún otro gobierno permitió jamas actos de esa naturaleza en su territorio, como tampoco pasa hoy en estados soberanos. Por lo demás, se recogen hasta las elucubraciones de Jorge M. Reverte y publicadas en El pais, que carecen de soporte documental alguno, y son pues, solo meras suposiciones al gusto político del articulista. 

El apoyo financiero y las simpatías que Franco profeso y encontró en las comunidades sefardíes explican su oposición a cualquier acto de represión judía (enfrentamientos con Queipo de Llano) y lo que se documenta a continuación son las mayores cotas de antisemitismo que la corriente filo nazis de su estado (Serrano Suñer) llego a alcanzar. La oposición de Franco a actos antisemitas lo narra Alfred Rosemberg  el 23 Agosto de 1936 en sus diarios, publicados recientemente: 

    “En España, el general Franco no quiere saber nada de antisemitismo”

 


Extractos de la tesis doctoral de D Fernando Antonio Palmero Aranda, Bajo la dirección de la doctora Mirta Núñez Díaz-Balart MADRID, 2015. Universidad Complutense.

EL DISCURSO ANTISEMITA EN ESPAÑA (1936-1948)

 

2.3. Actuaciones del nuevo Estado contra los judíos:

A pesar de que el nuevo Estado no promulgó nunca leyes antisemitas, sí que realizó actuaciones concretas encaminadas a la represión contra los judíos, como la elaboración de un registro de todos los judíos españoles, la expropiación de los bienes de los súbditos españoles en el extranjero, sometidos a legislaciones antisemitas, o la devolución y encarcelamiento de muchos refugiados apátridas que pretendían cruzar la frontera española para huir del genocidio que se estaba llevando a cabo en Alemania. No obstante, ninguna de estas actuaciones respondían a una política definida de actuación contra los judíos, ya que las decisiones del nuevo Estado fueron cambiando en función de las alianzas exteriores del régimen, porque para el franquismo, el problema judío fue ante todo una cuestión de política exterior.

Según José Antonio Lisbona, en los primeros meses de 1940, el ministerio de la Gobernación estudió la promulgación de algunas ley que afectase a los judíos extranjeros que se afincaron en España desde 1933, fecha en la que comienzan a llegar a España muchos de ellos tras el acceso al poder del partido nacional socialista en Alemania. Finalmente, la ley no prosperará. Afirma también, que la comunidad judía de Barcelona, que había visto cómo se clausuraba su sinagoga, temía por su vida al correrse el rumor de que la Gestapo disponía de una lista con los miembros de todos ellos, ya que el Gobierno Civil de la Ciudad Condal dispuso de dos listas, con nombres y apellidos completos, profesiones y dirección, una elaborada en diciembre de 1939 y otra completada en junio de 1940. Y afirma también que en el dorso de las Tarjetas de Residencia a muchos de ellos, los responsables de la Policía le añadían con tinta roja la palabra “judío”, y que, según afirman testigos oculares, en mayo de 1943 se celebró en Madrid una manifestación en la que se pedía la deportación de todos los judíos residentes en España.

2.3.1. Registro.

el Archivo Judaico Existió, sin embargo, otra concesión legislativa a los programas de exterminio de los judíos que llevaba a cabo Alemania, que se realizó en el año de mayor acercamiento del Régimen con el Tercer Reich y cuyas consecuencias pudieron ser mayores para los judíos españoles o los residentes en nuestro país. Según ha demostrado Jacobo Israel Garzón, el 5 de mayo de 1941, la Dirección General de Seguridad (DGS) ordenó a todos los gobernadores civiles de todas las provincias que enviasen informes sobre los judíos residentes en España, preferentemente nacionales pero también extranjeros (en cuyo caso habría que consignar el país de procedencia), en unas fichas diseñadas ad hoc en las que habría que indicar su “filiación personal y político-social, medios de vida, actividades comerciales, situación actual, grado de peligrosidad, conceptuación policial y la personalidad o relieve que en sectas u organismos políticos o sindicales hubiesen alcanzado y, en caso de ausencia, lugar en el que se supone se encuentran y medios de subsistencia de los familiares que dejó al marchar” y otras informaciones de carácter complementario que consideren oportuno196. “Las personas objeto de la medida”, continúa la Circular de la DGS, “que le encomiendo han de ser principalmente aquellas de origen español designadas con el nombre de sefarditas, puesto que por su adaptación al ambiente y similitud con nuestro temperamento poseen mayores garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidas sin posibilidad alguna de coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores”. El Director General de la DGS que firma el documento urgía a los gobernadores civiles a entregar las fichas con la mayor “brevedad posible”, dando por hecho que no les debería resultar muy complicado llevar a cabo la tarea:

“Teniendo presente la notoriedad de esta raza y sus trabajos casi públicos por conseguir la ciudadanía española, durante el período republicano, a través de verdaderas campañas populares que trascendieron a todas las esferas, es un hecho cierto que podrá llegar a determinarse la personalidad de los judíos españoles existentes en esa provincia, aunque aparentemente surjan señaladas dificultades, como la de no haber mantenido una relación y vida social en sus peculiares comunidades israelitas, sinagogas y colegios especiales (salvo lugares como Barcelona, Baleares y Marruecos) que pudieran aportar datos concretos de su número y alcance, individual y colectivamente considerados”

Según Jacobo Israel Garzón, “queda demostrado que el régimen optó por fichar policialmente a la población judía nacional y extranjera” con independencia de si habían cometido o no un delito, sólo por el hecho de ser judío o sospechoso de serlo. Y “queda demostrado también”, remata el investigador, “que la población sefardí fue particularmente vigilada”. Así, continúa, la existencia de un archivo judaico en España colocaría a nuestro país en la línea de los “demás regímenes fascistas”, a pesar de que, a diferencia de Alemania e Italia, principalmente, no hubiese una legislación de discriminación racista. De todas formas, las referencias del Archivo, además de en la circular señalada, la número 11 de la DGS, sólo es posible rastrearla, según reconoce Israel Garzón, “en los casi 100.000 expedientes personales existentes”, ya que “el Archivo Judaico como tal ha desaparecido”. No sabemos, pues, si la orden de la DGS, emitida en un momento en el que la participación de España en la Segunda Guerra Mundial aún era posible, se cumplió en todas las provincias españolas, ni con qué rigor y eficacia ni durante cuántos años, aunque Israel Garzón haya constatado referencias policiales al mismo Archivo Judaico al menos hasta 1957.

Además, como reconoce el propio historiador, “de las fichas del Archivo Judaico que he podido analizar, algunas se refieren, posiblemente por ignorancia de la encuesta policial, a masones que con toda seguridad no eran judíos”. En cualquier caso, aun cuando la existencia del Archivo Judaico quedase probada con absoluta certeza, así como que su elaboración fue rigurosamente llevada a cabo, la equiparación entre la discriminación, persecución, confinamiento, expropiación y asesinato de judíos en los regímenes nacional socialista alemán, fascista italiano y demás países que adoptaron por imposición una legislación antisemita, con lo ocurrido en España, no es en rigor, apropiada, por cuanto en nuestro país no se conoce un solo asesinato de persona alguna por razones de raza o religión, sin querer con ello decir que no existiese un antijudaísmo arraigado no sólo entre los dirigentes del Régimen, sino en la sociedad española.

Para Bernd Rother, que no cuestiona la existencia del Archivo, “el fichero no tuvo ninguna repercusión práctica; ni siquiera sabemos si la iniciativa partió del Gobierno o de las autoridades policiales, y en qué medida los gobernadores civiles siguieron las directrices”197. Además, y citando a Juan Velarde198, afirma Rother que:

“entre los chuecas mallorquines, uno de los descendientes de judíos conversos excluido hasta el siglo XIX, tuvo la Falange no pocos miembros, como correspondía a su posición socio-económica de pequeño y mediano comerciante. Ni los chuecas abrigaban reservas respecto a la Falange, ni el Partido con respecto a los que en su momento fueron discriminados”

Más adelante, el investigador alemán reseña el caso de un ciudadano español residente en la localidad italiana de Fiume que, en aplicación de la legislación antisemita aprobada en Italia en 1938, fue incluido entre los judíos condenados a trabajos forzados por su condición de descendiente de sefardíes españoles. La paradoja consistía en que había sido bautizado, por lo tanto era de religión católica, era militante de Falange “desde el principio” y se había inscrito como voluntario para ir a combatir con la División Azul aunque finalmente no fue seleccionado. Tanto la embajada en Roma como la delegación de Falange en la capital italiana protestaron ante las autoridades, sin que haya llegado hasta nosotros la solución que se dio al pleito199.

Finalmente, como una constatación más de la escasa incidencia que tenía el antisemitismo entre los jerarcas del régimen, y cómo la ascendencia judía no era ya en España una limitación para la vida civil, Rother cita una comunicación de la embajada alemana en Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín de 10 de noviembre de 1942 en la que puede leerse:

“Aún hoy no se puede descartar a personalidades filosemitas en puestos cruciales. Esto afecta incluso a la Falange (…) En este sentido, sólo se hizo una concesión por parte de España, cuando se le dio un amplio espacio a la propaganda contra los judíos extranjeros”200. “

De una opinión contraria es, sin embargo, Jorge M. Reverte, que afirma, si bien es cierto que sin aportar documentación que lo acredite, que el Archivo Judaico fue completado por los gobernadores civiles y entregado a las autoridades alemanas. En un artículo publicado en El País201, el historiador y periodista afirma que el Director General de la DGS que firma la orden dirigida a los gobernadores civiles (que según él les llegó a todos el día 13 de mayo) es José Finat, conde de Mayalde202. Según Martínez Reverte, fue el último día de su permanencia en el cargo (le sucedería el coronel Valentín Galarza), ya que le fue encomendada la embajada española en Berlín. Desde ese puesto, continúa, entregará personalmente a Himmler (a quien había invitado a visitar España en el otoño de 1940) la lista con los más de 5.000 judíos españoles o residentes en España (sin incluir a los del Protectorado), tal y como se especificaba en la orden del 5 mayo utilizando un censo de 1933.

Martínez Reverte asegura que si en la documentación que se utilizó en la Conferencia de Wannsee consta que en España existían 6.000 judíos, se debía a que ese era el número de registros que los gobernadores civiles de las provincias habían completado en muy pocas semanas. Efectivamente, porque aunque la Conferencia de Wannsee se celebró el 20 de enero de 1942, estaba inicialmente prevista para el 9 de diciembre de 1941203, con lo que los gobernadores civiles no habrían tenido, en el mejor  de los casos, ni seis meses para completar las fichas de todos los judíos residentes en España, sin contar con las dificultades y la precariedad de medios de los que disponía nuestro país durante esos años. Sin embargo, por otra parte, si hubo en España un momento político en el que se considerase necesario hacer ese esfuerzo, sin lugar a dudas era el año 1941. Con el aparato represivo funcionando apresuradamente para imponer el nuevo orden, el sistema policial era quizá la instancia de poder que mejor funcionaba en el recién creado Estado franquista, por lo tanto entra dentro de lo pensable que se pudiese confeccionar en poco tiempo el listado que solicitaba la Dirección General de Seguridad. No hay que olvidar, que muy poco después, cuando el Reich ponga en marcha la Operación Barbarroja el 22 de junio, España será capaz, en escasas semanas, de organizar un ejército de 18.000 voluntarios para ir a luchar al frente soviético. El alineamiento con la Alemania de Hitler es total en estos meses y debía intentarse cualquier esfuerzo por estrechar los lazos con el nuevo aliado.

La versión de Martínez Reverte, por tanto, es creíble, en la medida en que España compartía fuertes intereses materiales e ideológicos con el Reich, pero la falta de documentación que lo acredite nos impide afirmarlo con rotundidad. Hay que destacar también que resulta hasta el momento imposible ir más allá en la investigación dada la destrucción, durante la posguerra, de documentación comprometedora para el Régimen sobre el trato dado a los judíos tanto españoles como extranjeros. Las necesidades de ofrecer una versión de los hechos si no tergiversada del todo, al menos muy maquillada, en la que el Régimen se presentaba como un país que colaboró en el salvamento de judíos obligaba a eliminar pruebas comprometedoras de la cercanía de España con la Alemania nazi. De confirmarse, pues, la existencia tanto del Archivo Judaico como del censo de judíos y la versión mantenida por Martínez Reverte, cambiaría por completo la versión actual de los hechos y convertiría a España en una de las naciones perpetradoras del Holocausto, aunque no se hubiese producido, como no hay constancia de ello, la deportación y el exterminio de los judíos españoles incluidos en el archivo policial de la DGS.

Gerald Reitlinger, por su parte, explica las dificultades que tuvieron las autoridades alemanas para conseguir un censo fiable de judíos en los territorios conquistados en Europa occidental, en contraste con las facilidades que hallaron en el Este, donde “el invasor se encontró ya con guetos densamente poblados, con un registro civil especial para los judíos y con unas fuerzas antisemitas convenientemente organizadas”204. El arraigado antisemitismo histórico en Polonia205, Ucrania, Bielorrusia o Rusia había obligado a las comunidades judías a vivir a la defensiva desde que las matanzas y pogromos se hicieron habituales desde el final del siglo XIX. En la Europa occidental no ocurría lo mismo porque los judíos estaban integrados en la vida civil y muchos de estos países defendían sus intereses como los de cualquier otro ciudadano. Esto planteó problemas logísticos a los alemanes, como explica Reitlinger:

“Por lo que atañe a los judíos occidentales, el número de los que no hablaban el idioma de sus vecinos y el de los agrupados en comunidades que pudieran ser fácilmente aisladas era muy reducido, a pesar de que a ellos se les hubiera sumado el contingente menos asimilable de los refugiados del Reich. En cuanto a las comunidades nativas judías, la ausencia de un registro especial hizo que incluso la simple identificación física resultara penosa en tanto que la pequeña proporción de judíos existente entre la población pagana facilitaba el anonimato y la dispersión. Así como Varsovia, Lodz, Odesa, Minsk y Kiev eran judías en una tercera parte, Ámsterdam era la única ciudad situada al oeste de Budapest que contaba con el porcentaje de un 10% de habitantes de origen judío. [Por eso], Heydrich vaciló ante el problema que suponía encuadrar en un registro a los judíos de la Europa occidental206”

A este problema se añadía el hecho de que muchos países se mostraban reacios a colaborar en el programa de exterminio porque eso suponía en la práctica renunciar a la protección de parte de su ciudadanía. Así lo hace constar Reitlinger cuando afirma que según un informe del ministerio de Asuntos de Exteriores alemán, España, Italia y Hungría habían puesto objeciones a que sus judíos recibieran el mismo tratamiento que estaba siendo ya aplicado en el Este de Europa: el exterminio físico207.

Sin embargo, el comportamiento de España no fue siempre el mismo, pues con la “actitud pasiva” que adoptó el Ministerio de Asuntos Exteriores, muchos súbditos españoles residentes en el extranjero o sefarditas que estaban bajo la protección de España fueron incluidos en los registros de judíos que se estaban llevando a cabo en todos los países invadidos por el Reich. Aunque más arriba hemos visto cómo oficialmente España se oponía a que sus ciudadanos sufrieran discriminación alguna por cuestiones de raza o religión, lo cierto es que en la práctica no hizo nada por defender sus derechos. En algunos lugares, como Francia, las protestas del cónsul general en París, Bernardo Rolland, consiguieron que esos registros se hicieran en el consulado y no en las prefecturas policiales, de la misma forma que se eximió a los judíos españoles, como a los de todos los Estados aliados o neutrales, de llevar la estrella de David en la solapa o en un brazalete, tal y como era obligado en todos los territorios ocupados por Alemania desde el 7 de junio de 1942, 208.

No obstante, España nunca se opuso frontalmente a que las medidas generales decretadas contra los judíos en los países europeos invadidos por Alemania afectaran también a los súbditos españoles. La postura quedó fijada como norma general para todos los consulados en la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, al cónsul en París, Bernardo Rolland, y que incluyen en su obra Marquina y Ospina209:

“Si bien es cierto que en España no existe ley de razas, el Gobierno español no puede poner dificultades, aun en sus súbditos de origen judío, para evitar se sometan a medidas generales, debiendo únicamente darse por enterado de estas medidas y en último caso no poner inconvenientes a su ejecución conservando una actitud pasiva.”

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195 LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, op. cit., páginas 110-111.
196 ISRAEL GARZÓN, Jacobo, “El Archivo Judaico del Franquismo”, en Raíces, nº 33, invierno de 1997-1998, páginas 57 a 60. El autor desarrolla el tema también en ISRAEL GARZÓN, Jacobo y BAER, Alejandro (Eds.), España y el Holocausto (1939-1945). Historia y Testimonios, Federación de Comunidades Judías de España-Hebraica Editores, Sevilla, 2007, págs. 16 a 23.
197 ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, op. cit., página 72.
198 VELARDE FUERTES, Juan, “Una nota sobre los restos de la comunidad judía de Mallorca”, en Revista de Estudios Sociales, nº 12-13, 1975, páginas 16 y ss. Referenciado en ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, op. cit., página 73.
199 Ibíd., página 178
200 Ibíd., página 72.
201 MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, “La lista de Franco para el Holocausto”, en El País, Madrid, 20 de junio de 2010, suplemento Domingo, páginas 1-3.
202 Nacido en 1904, José Finat y Escrivá de Romaní fue un aristócrata, militar y político madrileño diputado por la CEDA entre 1933 y 1936 reconvertido al falangismo (y años después al franquismo) por su amistad con José Antonio Primo de Rivera, del que fue interlocutor durante su confinamiento en Alicante y al que intentó en vano rescatar de la prisión. Secretario personal de Serrano Suñer, al terminar la Guerra fue gobernador civil de Madrid, director general de la DGS, cargo en el cual conoció a Himmler durante la visita del jerarca nazi (máximo responsable de la Solución Final desde su puesto de Director General de la Seguridad del Reich) a nuestro país en el otoño de 1940. Fue también embajador de España ante la Alemania de Hitler entre 1941 y 1942 y alcalde de Madrid (1952-1965), ciudad en la que murió en 1995 a los 91 años. En sus memorias, el dirigente rexista y oficial de las Waffen SS, León Degrelle, lo cita como uno de los que, junto a Martín Artajo, simuló su fuga para evitar que fuera entregado a los aliados y juzgado internacionalmente por crímenes contra la Humanidad. RUBIO CABEZA, Diccionario de la Guerra Civil… op. cit., página 320; FUENTE LAFUENTE, Ismael, “León Degrelle, la última reliquia del nazismo escribe sus memorias en Madrid”, en El País, Madrid, 14 de diciembre de 1982. 203 Cuando tiene lugar la Conferencia de Wannsee el proceso de exterminio está muy avanzado, si bien los asesinatos sistemáticos están aún en su fase incipiente. Los Einsatzgruppen han asesinado mediante fusilamientos a una parte importante de los judíos del Este en su avance junto a las tropas de la Wermacht camino de Moscú; en Auschwitz se utiliza desde el otoño de 1941 el depósito de cadáveres del crematorio del campo como cámara de gas utilizando el Zyklon B, en Chelmno han comenzado los envíos masivos de judíos y gitanos desde el gueto de Lodz y otros guetos vecinos para ser aniquilados en camiones de gas y enterrados en fosas comunes y se encuentra en construcción desde primeros de noviembre de 1941 el campo de exterminio de Belzec. Se ha producido también otro hecho relevante, como es la deportación hacia los guetos del Este de la población judía del Reich desde el otoño de 1941. Muchos de ellos, los enviados a territorios arrebatados a la URSS como Riga o Minsk, han sido asesinados nada más llegar.
La orden, pues, que Hermann Göring dio a Reinhard Heydrich el 31 de julio de 1941 para que comenzase a preparar “la solución final de la cuestión judía” estaba cumpliéndose con cierta celeridad. La convocatoria de la reunión no es más que el cumplimiento de dicha orden, en la cual Göring instaba a Heydrich a que efectuase “los preparativos necesarios relacionados con la organización y los aspectos prácticos y materiales” para llevar a cabo la solución final. Así, además, lo especifica el propio Heydrich en la invitación que envía a los otros 14 participantes y a la cual adjunta la orden de Göring en la que los invita a “asistir a un encuentro con este fin, seguido por un desayuno, el 9 de diciembre, a las 12:00 horas, en la oficina de la Comisión Internacional de la Policía Criminal, Berlín, Am Grossen Wannsee, nº 56- 58”. Sin embargo, ese 9 de diciembre Hitler quería anunciar en el Reichstag la declaración de guerra a EEUU, una de cuyas bases, la de Pearl Harbor, en Hawai, había sido bombardeada por la Armada Imperial Japonesa la mañana del día 7, y la reunión se pospone hasta el 20 de enero de 1942, con el mismo orden del día.
El éxito de la Conferencia de Wannsee, de la que Heydrich quedó bastante satisfecho, estriba en que se solucionó en parte, ya que las disputas de competencias entre cargos de las SS eran continuas, “el interminable conflicto con las autoridades civiles del Gobierno General”. Por su parte, Eichmann, interrogado por un tribunal en Jerusalén en 1960, concluyó: “La reunión de Wannsee fue muy importante, ya que de ella provino la autoridad de Heydrich como responsable de la solución, o la solución final, de la cuestión judía. A partir de aquello se sintió depositario de toda la potestad en el asunto”. Para muchos historiadores, entre los que se encuentra Laurence Rees, la importancia de la Conferencia de Wannsee es relativa, en la medida en que no es el lugar en el que se decide la suerte de los judíos europeos: “Pese a que no podemos negar su trascendencia, hemos de reconocer que, en cuanto momento desencadenante, no pasó de revestir una importancia secundaria, ya que formaba parte de la ampliación de un proceso de exterminio que se debía a una decisión tomada en otro lugar. Mucha mayor trascendencia tuvieron, en efecto, las conversaciones mantenidas por Hitler en diciembre de 1941. Si se conservasen actas en regla de las reuniones que celebró con Himmler durante este período, estaríamos en condiciones de contemplar, en verdad, lo siniestro de la mente que hizo al mundo testigo de tamaño sufrimiento (…) Sea como fuere, sigue constituyendo la prueba más clara del proceso de planificación que subyacía a la solución final, así como de la complicidad general del Estado en los asesinatos que seguirían al encuentro” . REES, Laurence, Auschwitz. Los nazis y la ‘Solución final’, Barcelona, Crítica, 2008, páginas 132-136; HILBERG, Raul, La destrucción de os judíos europeos, op. cit., páginas 953-1093; BENSOUSSAN, Georges, Historia de la Shoah, Barcelona, Anthropos, 2005, páginas 63-68; GUTMAN, Israel, Holocausto y memoria, op. cit., páginas 179-198; ARENDT, Hannah, Eichmann en Jerusalén, Barcelona, DeBolsillo, 2004, páginas 165-197; VV.AA., Enciclopedia del Holocausto, op. cit., páginas 504-505; VV.AA., El Holocausto en Documentos, op. cit., páginas 275-287; VV.AA., The Wannsee Conference and the genocide of the european jews, Berlín, Casa de la Conferencia de Wannsee-Memorial y Centro Educativo, 2009
204 REITLINGER, Gerald, La solución final, Barcelona, Grijalbo, 1973, página 76.
205 Sobre esta cuestión es de consulta imprescindible el libro de Gross, en el que, a través de lo ocurrido en la localidad polaca de Jedwabne, se muestra el odio ancestral que existía en Polonia hacia los judíos y cómo los nazis no tuvieron allí ningún problema para organizar pogromos, detenciones y matanzas colectivas, pues contaban con la colaboración entusiasta del resto de la población. Además de la satisfacción por la eliminación física de sus enemigos ancestrales, recibían la compensación material de poder quedarse con sus propiedades, tanto muebles como inmuebles. GROSS, Jan T., Vecinos. El exterminio de la comunidad judía de Jedwabne, Barcelona, Crítica, 2002.
206 REITLINGER, Gerald, La solución final, op. cit., página 76.
207 Ibíd., página 98.

 

FUENTE

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