Samar Badawi lucha por la libertad de su hermano y de su esposo, que están en la cárcel por defender la libertad de expresión en uno de los países más represivos.
La túnica negra que la envuelve hace que parezca más pequeña y acentúa su palidez. Pero la apariencia de fragilidad de Samar Badawi se esfuma en cuanto empieza la conversación.
Su hermano es el bloguero Raif Badawi, condenado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos por crear un foro digital de debate político y por “insultar al islam”. Su marido es el abogado Walid Abulkhair, que los defendió a ella y a su hermano y que en 2014 fue condenado a 15 años de prisión. Samar arriesga su libertad para salvar a los dos.
“¿Que cómo quiero ser recordada? Como alguien que luchó por la verdad hasta el último suspiro”, dice Samar durante una conversación que se desarrolla por teléfono, Skype y correo electrónico. Le gustaría ver una Arabia Saudí donde se respeten las libertades: “Sueño con una Justicia independiente, un sistema constitucional y un Parlamento elegido en las urnas”.
A Samar no le gusta hablar de sí misma. No quiere que la acusen de intentar llamar la atención. Y sin embargo su trabajo como activista atrajo el interés del Gobierno de Estados Unidos, que le otorgó hace dos años un premio que recogió de manos de Michelle Obama y Hillary Clinton en una ceremonia oficial.
En la cárcel
Samar no ha llevado una vida fácil. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía 13 años y se quedó sola con un padre abusivo.
Tras fracasar su primer matrimonio, ella y su hijo Bara’a, que hoy tiene 12 años, fueron a vivir a casa de su hermano. Su padre les denunció a los dos. A ella la acusaba de desobediencia, siguiendo el sistema de custodia masculina del país. Este sistema establece que una mujer no puede obtener un pasaporte, casarse, viajar, acceder a la educación superior o incluso someterse a ciertos procedimientos médicos sin la aprobación de su guardián masculino. A veces ese guardián es el esposo, el padre, el hermano o incluso el hijo.
Por orden del gobernador de Jeddah, Samar y su hijo fueron a una casa de acogida. “Su trabajo también es ayudar a las mujeres que tenemos problemas con el sistema de custodia”, explica al respecto de la intervención del gobernador. Un año y medio después, salió con la ayuda del gobernador, al que le pidió permiso para vivir sola con su hijo.
Entonces se enamoró de Walid Abulkhair, que hoy es su marido y el padre de su segunda hija Joud. “Era mi abogado”, explica. “Entre nosotros se engendró una historia de amor”.
El padre de Samar se opuso a ese segundo matrimonio. Pero la joven no se resignó y le puso una denuncia en un gesto inédito en Arabia Saudí. Quería a toda costa evitar permanecer bajo su tutela y vivir en libertad.
Durante el juicio, la reputación del padre de Samar fue puesta en entredicho: una investigación concluyó que tomaba drogas, derrochaba el dinero y tenía 14 esposas. Pero esos detalles no evitaron que el juez se inclinara a su favor. En la primera vista judicial, que se celebró en abril de 2010, Samar fue detenida y llevada a la prisión de Briman, en Jeddah.
Tres meses después, el gobernador de La Meca, que había propuesto crear un comité de reconciliación entre padre e hija, admitió que Samar había sufrido el maltrato de su padre y medió para que se permitiera su boda con Walid.
“Fueron unos meses difíciles pero me ayudaron a formar mi personalidad y me llevaron a luchar por los derechos humanos”, dice Samar sobre su experiencia en la cárcel, de donde salió en octubre de 2010 y donde asegura que la trataron bien.
La primera campaña
Walid lanzó una campaña en las redes sociales para pedir la liberación de su esposa. Escribió este blog y usó la etiqueta #Samar. Le ayudó el prominente bloguero Fouad al Farhan, que había estado cuatro meses entre rejas sin cargos por publicar un artículo sobre las “ventajas e inconvenientes de ser musulmán”.
En 2011 fue Samar quien inició su propia campaña contra el Gobierno saudí. Su objetivo era que cualquier mujer pudiera votar o presentar su candidatura a las elecciones municipales. Para ello denunció a las autoridades porque no le habían permitido registrarse en los prolegómenos de las municipales de septiembre de 2011.
Decenas de mujeres desafiaron a las autoridades yendo juntas a intentar inscribirse y crearon grupos de Facebook en los que reivindicaban sus derecho a votar.
Según el Gobierno de Estados Unidos, Samar fue la primera mujer que fue a los tribunales para defender su derecho a votar en Arabia Saudí. Las autoridades le dijeron que no se permitiría el voto aquel año por “las costumbres sociales” del reino. Pero unos meses después el rey Abdalá anunció que podrían votar a partir de las elecciones de 2015.
No fue la única campaña de Samar, que participó junto a Manal al Sharif en Women2Drive: una protesta para que las mujeres saudíes tuvieran derecho a conducir. Ambas presentaron una denuncia contra el Gobierno al ser rechazada la solicitud de su carné. Ninguna ha obtenido respuesta.
Las raíces del reino
En Arabia Saudí rige una interpretación única del islam. La familia real Al Saud se apoya desde hace siglos en un pacto con los religiosos wahabíes para establecer su poder en un complejo contexto tribal. Esto se traduce en un acuerdo tácito por el cual cualquier reforma requiere el apoyo o la aquiescencia de los religiosos.
El rey Abdalá, fallecido el pasado 23 de enero, impulsó reformas que promovían la educación superior de las mujeres, les otorgaban becas en el extranjero y les facilitaban su entrada en el mercado de trabajo. En 2013 nombró a 30 mujeres como miembros de la Shura: un consejo consultivo con poderes muy limitados. La Shura puede proponer leyes pero no puede aprobarlas o hacerlas cumplir. Sus 150 miembros los nombra el Rey y su presidente es siempre un miembro de su familia.
Sin embargo, las reformas de Abdalá no atajaron la discriminación. El sistema de custodia masculina sigue relegando a las mujeres a una posición de minoría de edad en casi todos los ámbitos. “En Arabia Saudí hay muchos problemas y no tenemos derechos”, repite indignada Samar.
Mil latigazos
El segundo encontronazo de la joven saudí con las autoridades fue fruto del activismo de su hermano Raif, arrestado por “insultar al islam” en internet. Acababa de crear una web llamada Free Saudi Liberals con el objetivo de promover el debate político y abordar cuestiones complicadas como el secularismo.
Raif no tiene estudios superiores. Su amigo Saeed Alwahabi escribía en ‘Al Monitor’ que no era un ávido lector y solía decantarse por libros que no estaban de moda entre sus coetáneos. Sus escritos versaban sobre Dios, el universo y el islam. “En mi opinión, la importancia de Badawi no radica en su ideología sino en que representaba a un pequeño segmento oculto de la sociedad saudí”, escribe Saeed. “Este pequeño grupo de personas emergió a la superficie e incluía hombres y mujeres jóvenes, empresarios, figuras de la sociedad, periodistas, activistas y funcionarios estatales. Todos ellos compartían las mismas ideas liberales extremas de Badawi, pero nadie se atrevió a hablar de ellas en público”.
Raif fue condenado en 2013 a siete años de cárcel y 600 latigazos. Una pena que un juez amplió a 10 años de prisión y 1.000 latigazos después de una revisión. La sentencia establece que el activista debe recibir 50 latigazos cada semana hasta cumplir esa pena. Su familia asegura que las autoridades intentan ahora reunir pruebas para aplicarle la pena de muerte por abandonar el islam.
“El problema en Arabia Saudí es el islam político”, dice su hermana Samar. “El poder justifica la represión y la tiranía con la excusa del islam. La libertad de asamblea es uno de los elementos clave de la Carta Árabe de Derechos Humanos pero un edicto religioso la prohíbe. Este tipo de contradicciones son muy comunes y el Gobierno se beneficia de ellas”.
Un marido en prisión
Ni Samar ni su marido se resignan. Walid Abulkhair, experto en árabe y en leyes islámicas, firmó un manifiesto en 2007 pidiéndole al Rey que sustituyera el absolutismo por una monarquía constitucional.
En 2008 creó la web Monitor for Human Rights in Saudi Arabia (MHRSA) después de que se le denegara el permiso para crear una ONG. El Gobierno desactivó la página unos meses después y la iniciativa pasó a ser una página de Facebook que también fue bloqueada en el interior del país.
Walid registró MHRSA en Canadá en 2012 y llevó una huelga de hambre de 48 horas en Arabia Saudí. El objetivo era reivindicar la libertad de quienes consideraba presos políticos, entre ellos su cuñado Raif.
Las autoridades prohibieron a Walid salir del país y fue Samar quien recogió el Premio Olof Palme en Suecia en enero de 2013.
Walid y Samar empezaron entonces a celebrar tertulias semanales con una docena de invitados en el salón de su casa. Eran personas de diferentes orígenes unidas por su compromiso político. La revista Time retrató esos encuentros en este reportaje.
En noviembre de 2013 el letrado fue acusado de desobediencia a la autoridad por crear y supervisar una organización no autorizada (MHRSA) y colaborar al establecimiento de otra similar. Unos meses después, la corte de apelaciones de La Meca le declaró culpable de “socavar la imagen del régimen y de los funcionarios, incitar a la opinión pública e insultar al poder judicial”. Fue condenado a pasar 15 años de prisión y a pagar una multa de unos 50.000 euros.
Más represión
Walid es la primera persona condenada con los criterios de la nueva ley antiterrorista saudí, que entró en vigor en febrero de 2014 y que criminaliza cualquier forma de disidencia política. Samar sabía que podían encarcelar a su esposo. “Una siempre espera que puede ocurrir”, explica. “Mi marido fue acosado y recibió amenazas desde que empezó sus actividades de defensa de derechos humanos”.
Según Adam Coogle, investigador de Human Rights Watch (HRW), a los saudíes se les niegan derechos fundamentales como la libertad de asamblea, expresión y asociación. “En los últimos años hemos visto una docena de activistas pacíficos condenados a largas penas de prisión simplemente por pedir reformas”, dice Coogle por correo electrónico. “Algunos, como Walid Abulkhair, por críticas vertidas en tuits o en entrevistas de televisión”.
El Gobierno saudí niega esas críticas. Su Ministerio de Exteriores se quejaba recientemente de la cobertura del caso de Raif Badawi y recordaba que no admitirán ninguna injerencia foránea. El príncipe Mohammad bin Nayef, arquitecto jefe de la represión contra los activistas, es ahora el segundo en la línea de sucesión al trono. “No esperamos que las cosas mejoren a corto plazo”, añade el analista de Human Rights Watch.
Sherif Mansour, experto en la región y coordinador en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), asegura que el Gobierno saudí ha intensificado la represión legal desde la Primavera Árabe. “Las enmiendas a la ley de prensa de 2011 castigan la publicación de cualquier material que se considere contrario a la ley islámica, que afecte a los intereses del Estado, que promueva intereses extranjeros, que dañe el orden público o la seguridad nacional o que permita una actividad criminal”.
Mansour recuerda que la Comisión General de Medios Audiovisuales anunció en abril que hará un seguimiento de los canales de YouTube para asegurarse de que todo lo publicado se ajusta a las directrices del Gobierno: “Muchos saudíes utilizan esa plataforma para mostrar temas polémicos o eventos que los medios de comunicación no suelen cubrir”.
El mismo Walid grabó una serie de vídeos explicando sus ideas y sus dudas sobre la legitimidad del tribunal que le condenaría unos días después. Los vídeos fueron publicados después de su detención. El primero el 25 de mayo y el segundo el 4 de agosto del año pasado.
“El Gobierno saudí ha usado su influencia regional para evitar que los medios de otros estados del golfo Pérsico critiquen los regímenes de los demás”, dice Mansour.
Censura en la región
Arabia Saudí no es una excepción en la región. Egipto acumula cientos de muertos de manera violenta en la represión que tuvo lugar antes y después de la revolución y el CPJ estima que es uno de los países más peligrosos del mundo para un periodista. En noviembre de 2014, el Observatorio Egipcio para los Derechos y las Libertades (EORF) decía que 67 reporteros se encontraban en prisión. Algunos fueron juzgados por tribunales castrenses después del golpe militar que desalojó del poder al islamista Mohammed Mursi.
Las ansias de libertad siguen costando muy caras también en países como Argelia, donde el activista Rachid Aouine fue detenido por un comentario irónico en su cuenta de Facebook. Las autoridades le acusan de incitar a una reunión sin armas. Le podría esperar un año de prisión.
Por el momento, Raif Badawi sólo ha recibido los primeros 50 latigazos que establece su sentencia. Los otros 950 han sido pospuestos semana tras semana por motivos de salud. Entretanto, Samar se divide para visitar a su marido en Riad y a su hermano en Jeddah y sigue esperando el indulto real para todos los presos de conciencia del país.
“El Gobierno no nos permite comunicarnos con medios extranjeros ni con organizaciones de derechos humanos porque lo considera ilegal”, dice subrayando la importancia de nuestras conversaciones. “Ése es precisamente uno de los cargos que pesan sobre mi marido, condenado a 15 años de prisión”.
EL ESPAÑOL Una mujer contra la censura saudí – EL ESPAÑOL.
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