Se acabó la zozobra, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tumbado la doctrina Parot. Pero midamos las palabras, se acabó la zozobra para quien haya querido que la doctrina existiera, porque que esta se iba a derogar era algo notorio desde hace mucho, pero que mucho tiempo.
Hace ya años que la izquierda abertzale sostiene, y cito textualmente, que “instrumentos del pasado como la Ley de Partidos y la Doctrina Parot han de ser desactivados si queremos constituir un proceso de diálogo multilateral”. Estas exigencias, puestas de manifiesto primero por Arnaldo Otegui en 2006 y posteriormente en distintos acuerdos, encuentran su culminación en el Acuerdo de Guernica de 25 de septiembre de 2010.
Para el lector menos avezado en la materia, diré que en el Acuerdo de Guernica la izquierda abertzale vincula “el alto el fuego permanente y unilateral” de ETA con una serie de concesiones por parte del Estado, entre ellas, y como claves de bóveda, la derogación de la Ley de Partidos y de la doctrina Parot.
¿Cedieron los poderes públicos? En principio, no. ¿Se imaginan qué hubiera ocurrido si de repente se hubiese llevado a cabo dicha derogación? Las acusaciones que se hubieran producido habrían hecho temblar los cimientos del propio Estado. Ahora bien, llegados al punto en el que nos encontramos, con Bildu y Sortu legalizados y con 136 asesinos en serie dispuestos a salir de las cárceles, algo habrá ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Remitámonos a los hechos, que sean ellos los que nos den o intenten darnos la respuesta:
En el caso de la legalización de los partidos “abertzales”, llevada a efecto por el Tribunal Constitucional (TC), a nadie se le escapa que dicho Tribunal es un órgano de marcado carácter político, cuyos nombramientos dependen en gran medida de los grupos parlamentarios y del propio Ejecutivo. Siendo de sobra conocida la postura del anterior Gobierno socialista sobre la legalidad de los “abertzales”, el resultado fue el que todos conocemos: nuestro Tribunal Constitucional dio legitimidad a Bildu enmendando la plana al pronunciamiento contrario del Tribunal Supremo (TS). Y lo mismo ocurrió en el caso de Sortu. Los jueces del TC, mantenidos en su cargo por el Gobierno del PP, reiteraron su posición, volviendo a contradecir al TS. Como consecuencia, la Ley de Partidos no se derogó materialmente pero sí tácitamente, obteniendo la izquierda abertzale radical el primer pilar exigido.
En el caso de la doctrina Parot, más de lo mismo, máxime si se tiene en cuenta que uno de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –el Sr. López Guerra- era el antiguo Secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuyos posicionamientos en lo relativo al tema que nos ocupa son, al igual que en el caso anterior, son de sobra conocidos. ¿Se imaginan lo que pudieron pensar los demás jueces del TEDH cuando vieron que el juez español daba su voto y argumentaba en contra de la doctrina Parot? ¿Se imaginan el grado de influencia que tuvo ese posicionamiento? ¿Por qué el Sr. López Guerra no se inhibió? Ya lo había hecho en casos anteriores como el de Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey. ¿Por qué no lo hizo nuevamente? ¿Por qué nuestro Estado no utilizó los medios adecuados para conseguir dicha inhibición y por qué no ejerció la presión necesaria, puesta en marcha después en fase de recurso, para convencer a Estrasburgo? Demasiadas preguntas para lo que, al parecer, se trata de la actuación de órganos instrumentalizados.
El resultado final es el que es. Las dos exigencias requeridas por la izquierda aberzale radical han sido otorgadas; si bien en un ejercicio de desvergüenza podemos echar la culpa al TC y al TEDH y ampararnos en las decisiones de dichos órganos. Por cierto, ¿le suena a usted la libertad de los presos que padezcan graves enfermedades o el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, recientemente avalada por el Gobierno Vasco. Sí, eso también está en el Acuerdo de Guernica.
Antonio Recio: ¿Qué ha ocurrido? Que hablen los hechos | Covite.
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